La justicia rusa mantiene en prisión al corresponsal de ‘The Wall Street Journal’ por espionaje

Un tribunal de primera instancia de Moscú ha ordenado mantener en prisión preventiva a Evan Gershkovich, corresponsal en Rusia de The Wall Street Journal al que el Kremlin acusa de haber actuado como espía mientras preparaba unos reportajes sobre la guerra contra Ucrania. Gershkovich fue detenido el 30 de marzo en Ekaterimburgo, la mayor ciudad de los Urales, y su caso ha sido declarado alto secreto. Encerrado en un cubículo de cristal, el periodista afrontó la vista de su apelación con la compañía de la embajadora estadounidense, Lynne Tracy, quien ha sido reprendida este martes junto a representantes del Reino Unido y Canadá por el Ministerio de Exteriores ruso debido a sus críticas a la represión del Kremlin sobre la oposición.

“No hace falta”, respondió Gershkovich a la propuesta del tribunal de traducir la sesión, según ha revelado su propio periódico. La abogada del reportero, Tatiana Nozhkina, afirmó que tiene un estado de ánimo “combativo” y que “está listo para demostrar que no es culpable”. Su defensa había solicitado el arresto domiciliario o el pago de una fianza de 50 millones de rublos, unos 560.000 euros, según recogen las agencias de noticias rusas, pero estas alternativas han sido denegadas por el tribunal.

En medio de enormes medidas de seguridad, el corresponsal estadounidense, el primero detenido en Rusia desde la Guerra Fría, solo pudo ser visto por los periodistas durante unos segundos antes de que fueran expulsados de la sala, donde se desarrolló la sesión a puerta cerrada. “Goza de buena salud y se encuentra fuerte”, había señalado la embajadora estadounidense en la víspera del juicio, tras lograr visitar al periodista por primera vez en tres semanas. El Departamento de Estado de EE UU ha atribuido al corresponsal el estatus de “detenido indebidamente”, lo que obliga a su Gobierno a buscar su puesta en libertad. El presidente Joe Biden ha declarado que el arresto del periodista “es totalmente ilegal”.

Según la versión oficial de Moscú, el reportero es un espía. “Gershkovich, siguiendo instrucciones de EE UU, recopiló información que constituye un secreto de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”, recogía el comunicado publicado por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) sobre la detención.

Varios medios rusos se hicieron eco de que Gershkovich habría viajado a la región para elaborar un reportaje sobre la popularidad de la compañía de mercenarios Wagner y el ánimo ante la guerra de la región de Ekaterimburgo, Sverdlovsk. Además, el periodista supuestamente habría visitado también la ciudad de Nizhni Taguil, donde se ubica la fábrica de tanques de Uralvagonzavod.

La encarcelación de Gershkovich coincidió en el tiempo con la extraña detención de una pareja que trabajaba en la factoría de carros blindados. Danil y Viktoria Mujametov fueron acusados de espionaje para la inteligencia ucrania en el vídeo difundido por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la BBC encontró posteriormente una orden de arresto contra la pareja por otros motivos totalmente diferentes: una pelea en una parada de autobús por la que fueron condenados a una privación de libertad de 12 días.

Gershkovich vive en Rusia desde hace seis años, donde ha colaborado también con The Moscow Times, AFP y The New York Times. La cobertura en el país de todo lo relacionado con su ejército es complicada. Moscú ha aprobado una serie de leyes desde que comenzó la invasión de Ucrania que prohíben comentar aspectos militares que previamente no se consideraban clasificados, así como desacreditar las acciones de las fuerzas armadas rusas.

El FSB publicó el 1 de diciembre una lista con 60 temas que no pueden ser comentados en público porque “pueden ser utilizados por Estados, organizaciones y ciudadanos extranjeros contra la seguridad de Rusia”, pese a no ser secretos.

Entre los puntos vetados no solo figuran la estructura de las Fuerzas Armadas rusas, su armamento y su despliegue, sino también algunos motivos de preocupación entre la población, como la movilización y los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas, y otros aspectos más abstractos, como su estado de moral y los pronósticos sobre sus futuras operaciones.

Estas prohibiciones han entorpecido el trabajo de los periodistas con analistas militares rusos y la cobertura de algunos aspectos de la guerra dentro del país, como la situación de su industria bélica. “Hay que andar con muchísimo cuidado. Con la cobertura de la información política no hay problema. Pero con la militar, con la situación de la guerra después de un año...”, dice sin terminar la frase un periodista de un medio occidental a este periódico.

Presión sobre las embajadas anglosajonas

Algunos medios afines al Kremlin han apuntado a la posibilidad de intercambiar a Gershkovich por otros ciudadanos de interés para el Gobierno ruso, como ocurrió a principios de año con la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, entregada a su país a cambio del traficante de armas ruso Víktor Bout. Este martes, la jefa de Russia Today, Margarita Simonián, propuso hacer otro intercambio con Washington: el creador de WikiLeaks, Julian Assange, por Gershkovich, el exmarine Paul Whelan o el opositor ruso Vladímir Kara-Murza, condenado este lunes a 25 años de prisión.

Kara-Murza fue acusado, entre otros delitos, de haber cometido alta traición al haber denunciado las acciones de Rusia en Occidente. Este delito estaba tipificado hasta ahora con 20 años de cárcel, pero la Cámara baja del Parlamento ruso aprobó este martes una reforma legal que sanciona la alta traición y el terrorismo con la cadena perpetua.

El caso de Kara-Murza ha abierto otro capítulo en el enfrentamiento entre Moscú y lo que el Kremlin llama el mundo anglosajón. Además de a la embajadora estadounidense, el Ministerio de Exteriores ruso reprendió a las representantes del Reino Unido, Deborah Bronnert, y Canadá, Alison LeClaire, al considerar que habían cometido “una grave injerencia en los asuntos internos de Rusia”, así como “actividades que no corresponden con el estatus diplomático”.

Las diplomáticas mostraron su rechazo frontal a la condena de Kara-Murza. No obstante, su protesta no fue la única. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión del tribunal moscovita como “un nuevo golpe al Estado de derecho”. Y la Comisión Europea comparó la justicia rusa con la persecución del régimen estalinista. “Este juicio se asemeja a las farsas de juicios de los años treinta”, denunció Bruselas en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores ruso censuró la posición de esos tres gobiernos. “Es el colmo del cinismo exigir la liberación de un agente de influencia financiado por occidentales y perseguir a los disidentes en sus casas, declararles terroristas locales, como sucedió con los participantes en el llamado asalto al Capitolio”, decía la nota divulgada por la portavoz de Exteriores, María Zajárova.

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