“Faltan consensos internacionales para avanzar”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, resumió en esa oración, ante El País de España, el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que parecen avanzar y frenarse cada día. Paradójicamente, el jefe del Palacio de Hacienda se esforzó durante todo 2021 en conseguir esos avales de los países para torcer la rigidez técnica del staff, pero termina pidiendo deliberadamente el favor de los accionistas mayoritarios del directorio del Fondo para que aprueben entendimientos que, según fuentes oficiales, ya se habrían alcanzado en su mayor parte. Ese tilde verde final no llega.
Ese déficit de consensos se notó en los últimos dos comunicados del Fondo que explicitaron las discusiones del directorio sobre los temas que atañen a Argentina. Primero, el rechazo a discutir ahora la política de sobrecargos. Segundo, las conclusiones sobre la auditoría interna del préstamo por U$S 57.000 millones que el organismo otorgó a la administración de Mauricio Macri.
Sobre los sobrecargos, que le costarán al país casi U$S 1.000 millones por año, el Fondo comunicó que “algunos directores” estaban dispuestos a efectuar alivios temporales, pero que “varios directores no vieron la necesidad de revisar las políticas sobre recargos o cambiar su diseño” y que “la mayoría de los demás directores expresaron su disposición a una revisión más holística y en el momento apropiado”. Sobre la auditoría, el Fondo informó: “Los directores en general estuvieron de acuerdo en que el acuerdo Stand By (SBA) era consistente con las políticas y procedimientos del Fondo, pero reconocieron que la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable. Sin embargo, unos pocos directores cuestionaron esa coherencia”.
El FMI tiene una tabulación oficial para leer estos debates entre los representantes de los países. Cuando dice “unos pocos”, quiere decir entre dos y cuatro. “Algunos” significa entre cuatro y seis. “Varios”, entre seis y nueve. “Muchos”, entre diez y 15. “La mayoría”, 15 o más. Las posiciones argentinas de bajar sobrecargos y reclamar una autocrítica mayor al Fondo estuvieron refrendadas por “algunos” o “pocos” directores.
Los “consensos internacionales” que no llegan son los de los países de tradición más fiscalista que integran el FMI: Canadá, Japón, Alemania y Holanda permanecen más reacios -Guzmán agradeció, con El País, el apoyo de España y Francia-, pero, principalmente, falta el OK de Estados Unidos. En el Gobierno se encendió una luz de esperanza a comienzos de mes, cuando Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, dijo en un seminario que la Casa Blanca podría respaldar un programa acordado con el Fondo. Ese programa debe plasmarse en el entendimiento con el staff, que, para fuentes del Ejecutivo, está avanzado o está “prácticamente cerrado”, pero la señal política no llega. En el Gobierno y en el Círculo Rojo, hay quienes lo atribuyen a factores geopolíticos: en momentos en que la competencia entre China y Estados Unidos escala, la “tercera posición” no sería bien vista en Washington.
El tiempo apremia. No solo por los U$S 4.000 millones de vencimientos de capital que corren en marzo, sumados a los más de U$S 2.200 millones que se deben saldar o refinanciar para esa fecha con el Club de París, sino porque en enero Argentina debe hacer frente a pagos de deuda por U$S 1.700 millones, de los cuales más de U$S 700 millones son con el Fondo. Encima, las reservas del Banco Central están al límite.
Como viene contando Letra P, los principales puntos de discusión con el staff del Fondo son el crecimiento estimado para 2022 (a favor de la Argentina se encuentra el fuerte rebote de este año, subestimado por todas las proyecciones) y el financiamiento del déficit fiscal. El país va a cerrar el año cubriendo su rojo con 70% de emisión y 30% de endeudamiento, cuando había previsto un mix de 60-40 y Guzmán se había planteado incluso llegar al 40-60. En despachos oficiales agregan un asterisco: del 1,8 billón de pesos emitido, una parte corresponde a la llegada de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Sin ellos, la emisión hubiera totalizado el $ 1,2 billón previsto en el Presupuesto 2021.
Sin el voto del Presupuesto 2022, con un aumento de tarifas previsto que, según analistas, no alcanzaría para reducir el gasto en subsidios de la manera que pretende el Fondo y con proyecciones de inflación -multicausal- muy distintas en una y otra orilla de la negociación, se abrieron vías de avances concretos. La auditoría reconoció el rol de los controles de capitales en economías como la argentina para contener el drenaje de reservas y mencionó que el Fondo debe ser permeable a los contextos de cada país para aplicar los programas. Los auditores, eso sí, pidieron proyecciones más conservadoras y recomendaron prestar atención a las “red lines”, las políticas que los gobiernos se niegan a aplicar.
En ese contexto, el Gobierno busca sumar consensos internos para mostrar músculo, mientras, en conversaciones con el Círculo Rojo, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, promete fumata blanca para mediados de enero. El miércoles 5, dijo el presidente Alberto Fernández, Guzmán mostrará el estado de la cuestión a los gobernadores y a las dos gobernadoras. El jueves al mediodía, Fernández y Guzmán almorzarán con empresarios y sindicalistas. Por el momento, según una ronda de consultas que hizo Letra P, la convocatoria tuvo más eco en las empresas multinacionales que en los patrones locales, poco dispuestos a interrumpir sus vacaciones. Otra de las paradojas de este cuento de la buena pipa: la CGT está más dispuesta a acompañar un acuerdo con el FMI que la gran mayoría de la poderosísima Asociación Empresaria Argentina (AEA), más preocupada por la suba en las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales.
