No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. A continuación se presentan siete argumentos por los que pensamos que Venezuela puede ser considerada como tal y cuáles son las implicaciones de ello para esta turbulenta nación andina como centro regional del crimen.
1. Penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado
Durante los últimos tres años, InSight Crime les ha seguido la pista a individuos que, creemos, tienen vínculos con el crimen organizado y han ocupado u ocupan actualmente altos cargos en las instituciones del Estado venezolano. Hemos encontrado a 123 funcionarios quienes, creemos que con seguridad, están involucrados en actividades criminales. Por razones legales no publicamos la lista completa, pero algunos de los casos más evidentes se nombran en la sección denominada “El narcotráfico al interior del régimen venezolano: El Cartel de los Soles”.
Nuestras investigaciones han dejado claro que en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso.
2. Evidencia de cleptocracia
¿Cómo es que un país que se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo después del Medio Oriente cae en la quiebra? Debido a unos niveles asombrosos de incompetencia, corrupción y cleptocracia.
Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$300 mil millones.
Debido a que no hay datos confiables, lo único que podemos hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y analizar a algunos de sus principales promotores. Uno de ellos es la falta de transparencia. Venezuela ocupa el puesto 166 de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Si nadie sabe cuánto gana el Estado ni cómo lo gasta, no hay tampoco rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos hacia sus bolsillos o los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido sin duda uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y a la quiebra.
Los controles que el Gobierno venezolano estableció sobre los precios y la moneda desde febrero de 2003 fueron uno de los principales activadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez. Y esto continúa actualmente, aunque a una escala mucho menor porque los recursos han mermado.
«El sistema fue creado para que pudiera ser violentado», dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, durante una entrevista con InSight Crime en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales fueron creadas con la premisa de evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían conducido al golpe de Estado en 2002. Inmediatamente dieron lugar a «perversos incentivos», según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares «baratos» a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro.
Los importadores «inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada», según una investigación del New York Times.
Actualmente, el sistema cambiario se utiliza para mantener la lealtad de ciertos sectores clave, que tienen acceso privilegiado a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia criminalmente de este monopolio.
3. Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales
Tras el golpe militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez durante 48 horas, el presidente hizo cambios claves en las palancas del poder para asegurarse de que no volvería a ser derrocado. Una de las medidas que adoptó consistió en delegar funciones del Estado a elementos irregulares e incluso criminales. Además, las fuerzas de seguridad perdieron el monopolio sobre las armas. En su lugar, ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, bien sea a propósito o mediante la corrupción. En esta serie investigativa hay dos artículos dedicados a dos temas que son ejemplos de esto último: “La delegación del poder estatal: Los ‘colectivos’” y “La delegación del poder estatal: Los ‘pranes’”
Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, que ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la aprobación del Gobierno y por lo tanto de cierto grado de legitimidad, pero, en última instancia, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen «vigilancia policial» en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el Gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para autofinanciarse, principalmente el narcomenudeo y la extorsión. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición.
Los pranes son los jefes criminales en el sistema carcelario de Venezuela. Durante la administración de la ministra Iris Varela, el Gobierno ha entregado a los pranes gran parte del control del sistema penitenciario, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes al interior del sistema penitenciario. El sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras criminales ya operan por fuera de las paredes de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas «megabandas» —estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana—.
4. Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano
Venezuela no tiene una larga tradición de crimen organizado. De hecho, hasta hace muy poco eran las mafias colombianas las que controlaban gran parte del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, crímenes que se daban sobre todo en los estados fronterizos.
Hoy en día la criminalidad es rampante, y Venezuela es quizá la capital del secuestro en América Latina (aunque no se dispone de datos sólidos para apoyar esta afirmación).
Desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una actitud extraña frente a la criminalidad. En un famoso discurso de Chávez poco después de llegar a la presidencia, él perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias; sus comentarios han sido interpretados como un fomento de la delincuencia.
«La verdad es que sí, si yo fuera un joven con una hija a punto de morir de hambre, creo que saldría a medianoche a hacer algo para para evitar que fuera a la tumba, ¿no creen?», dijo en un discurso público.
«Los ricos son malos y los pobres son explotados; los pobres son delincuentes o violentos porque son pobres y explotados,» así es como Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), describe la justificación ideológica del régimen para tolerar la criminalidad.
Ha habido una serie de políticas gubernamentales que han beneficiado directamente al crimen organizado. Uno de ellos comenzó en 2013, cuando el gobierno empezó a implementar lo que se conoce como su política de «zonas de paz». Esta política, dirigida por José Vicente Rangel Ávalos, actual alcalde del municipio de Sucre en Caracas, pretendía generar inversión social en áreas de alta criminalidad y negociar con las comunidades locales con el fin de reducir el crimen. Lo que realmente ocurrió fue que Rangel Ávalos se juntó con los líderes de las megabandas.
Según algunos informes, parte de las negociaciones entre el Gobierno y las megabandas consistió en un arreglo verbal para no permitir que las fuerzas de seguridad del Estado ingresaran a ciertas zonas sin un acuerdo previo. Rangel Ávalos negó que aquello fuera cierto, pero algunos analistas y medios de comunicación informaron que el Gobierno efectivamente les había entregado el control de dichas áreas a las pandillas. Estas se convirtieron entonces en la ley de facto, y de esta manera aumentaron su confianza, poder y control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor fundamental para el crecimiento de las pandillas. Así como los pranes en las cárceles, las megabandas lograron crear un Estado dentro del Estado.
«Abandonaron a la gente cuando le dijeron a la policía local, municipal y estatal que no podían patrullar estas [zonas de paz] para evitar malos entendidos […] Y entonces los criminales dijeron: ‘¡hey! hermano, esta es mi oportunidad para convertir esta área en nuestro territorio, para traer secuestrados, cobrar rescates, para proteger a las personas que viven aquí'», dijo Fermín Mármol, abogado y exdirector de la policía, en conversación con InSight Crime.
La política de las zonas de paz, que nunca fue reconocida oficialmente por el Gobierno, ya no continúa vigente, pero las zonas en las que se ejerció siguen siendo algunas de las áreas con mayores índices de criminalidad.
Las investigaciones adelantadas por InSight Crime indican que hay entre 12 y 16 megabandas, algunas con más de 300 miembros, actualmente en operación en Venezuela, principalmente en los estados de Miranda, Guárico, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Táchira y en la capital, Caracas.
En estrecha relación con el crecimiento de las bandas criminales se ha dado también el aumento de las economías ilegales. La más grande de estas ha sido el contrabando de combustibles subsidiados, cuyo precio de compra es el más barato del mundo, hacia Brasil y Colombia. Este negocio está en gran parte en manos de la Guardia Nacional, en cooperación con grupos colombianos. Pero se ha creado una serie mucho más generalizada de mercados negros mediante el sistema de subsidios gubernamentales para los alimentos y los medicamentos. Este mercado negro ha promovido el crecimiento de los actores criminales, que se benefician de su comercio o tráfico. Actualmente, casi todos los venezolanos negocian en los mercados negros, y muchos actores estatales, así como actores criminales, se beneficien de ellos; de nuevo, esto disuelve la línea entre el Estado y los criminales, socavando la legitimidad del Gobierno.
5. Altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales
Aunque no se cuenta con estadísticas oficiales sobre homicidios, los datos más realistas los tiene el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Este situó a Venezuela en 89 homicidios por 100.000 habitantes durante 2017, lo que convierte a este país en el más peligroso de Latinoamérica, una región con las tasas de homicidios más altas del mundo. Caracas se sitúa como una de las ciudades más peligrosas del planeta, con una tasa de homicidios de 130 por 100.000 habitantes.
De los 26.616 homicidios registrados por el OVV en 2017, 5.535 ocurrieron a manos de los organismos de seguridad, una proporción muy alta, en medio de acusaciones generalizadas por ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Estas son ofensivas contra la delincuencia emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan bajar las descontroladas tasas de delincuencia. Estos operativos se han caracterizado por los altos números de ejecuciones y por acusaciones de operar bajo la premisa de “disparar primero y preguntar después”. Otro factor en los altos índices de ejecuciones estatales ha sido la respuesta autoritaria ante las protestas de la oposición. Las Naciones Unidas ya han cuestionado el alto número de ejecuciones por parte de los organismos de seguridad.
Estas tasas de homicidios pueden atribuirse sin lugar a dudas al Gobierno. Cuando Chávez asumió el poder en 1999, las tasas de homicidio rondaban los 25 por 100.000 habitantes, y se contaron menos de 6.000 muertes violentas a finales de 1999, según el OVV. A partir de 1999, los homicidios comenzaron a incrementar y han aumentado de manera constante de año en año.
6. Exportación de la criminalidad
Durante décadas, Colombia exportó conflicto y criminalidad a Venezuela, con el desbordamiento del conflicto civil del país por la frontera con Venezuela. Organizaciones narcotraficantes colombianas y facciones rivales establecieron su actividad allí, convirtiendo a Venezuela no solo en base logística, sino además en refugio y en uno de los principales países de tránsito para la cocaína colombiana. Sin embargo, con los índices de criminalidad en ascenso y el contrabando a gran escala hacia países vecinos, incluyendo muchas islas pequeñas y vulnerables en el Caribe, Venezuela se está convirtiendo en un exportador neto de criminalidad.
Gran parte de esto es atribuible a la total desesperación de sus ciudadanos. Venezolanos hambrientos y sin dinero, muchos de ellos con poca educación o habilidades en demanda se han visto obligados a salir del país buscando formas de sobrevivir. Ellos son presa fácil del crimen organizado, bien sea como víctimas o como reclutas.
La Cruz Roja estima que por lo menos un millón de venezolanos salieron huyendo de su país hacia Colombia en los últimos doce meses, y calcula que unas 37.000 personas cruzan la frontera cada día.
Muchos de estos desposeídos están siendo reclutados por el crimen organizado. Los mayores reclutadores han sido la mafia colombiana y los grupos insurgentes, pero InSight Crime ha hallado en su trabajo de campo a mujeres venezolanas trabajando en servicios sexuales en toda Colombia, incluso en lugares tan distantes como Nariño, en la frontera con Ecuador. Además en el capítulo «Colombia y Venezuela: Siameses criminales» hay detalles sobre la presencia de estos grupos irregulares en la frontera entre ambos países.
En el apartado sobre el trayecto de la cocaína de Venezuela hasta el Caribe, titulado “República Dominicana y Venezuela: Tráfico de cocaína por el Caribe”, hallamos indicios de la creciente participación de venezolanos en una amplia gama de actividades criminales.
7. Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal
Otro indicador de un Estado mafioso es cuando un número suficiente de actores internacionales cuestionan la legitimidad de un Estado, no solo por sus credenciales democráticas, sino también por su actividad criminal.
No es sorprendente que Estados Unidos haya liderado la condena al Gobierno venezolano. En una de las declaraciones más recientes, Nikki Haley, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, señaló que los venezolanos de a pie eran “las víctimas renuentes de un narcoestado criminal”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha acusado a la administración de Maduro de usar “bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población”.
Las Naciones Unidas han recibido denuncias de “cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante las protestas como en operativos de seguridad”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein.
Panamá incluyó a 54 figuras del Gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas en “alto riesgo” de incurrir en lavado de dinero o financiación del terrorismo.
La Unión Europea impuso sanciones a siete altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al ministro del Interior Néstor Reverol, al presidente de la Corte Suprema Maikel Moreno, al jefe de inteligencia Gustavo González López y al segundo al mando del partido socialista en el poder, Diosdado Cabello. Ahora tienen los activos congelados y vetos de viaje.
Incluso Suiza, que no es conocida por su política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela, declarándose “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de la separación de poderes está gravemente mermado y el proceso a la vista de las próximas elecciones carece seriamente de legitimidad”.
Los venezolanos irán a las urnas este fin de semana para elegir a su próximo presidente. Nadie cree que habrá elecciones libres o justas, y el favorito es el presidente en funciones, Nicolás Maduro. Si gana, es muy probable que las tendencias mafiosas del Estado venezolano se consoliden aún más, y que este país andino se convierta en uno de los centros regionales del crimen en Latinoamérica, lo que acarreará graves consecuencias para sus vecinos y para la región en general.
Foto superior: Seth Wenig