Victoria Villarruel empezó a hablar sin tapujos de lo que le interesa: darle un golpe mortal al proceso de verdad y justicia que Argentina ha construido –con avances, retrocesos y demoras– en las últimas cuatro décadas. En los últimos días no solo presentó al represor multicondenado Juan Daniel Amelong como una víctima, sino que también dijo que los procesos contra los genocidas son parte de una “industria del juicio” –como si detrás de ellos existiera la búsqueda de un rédito económico. Las palabras de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) hacen ilusionar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad –a quienes ella solía visitar en las cárceles y por cuya libertad también salió a marchar, como quedó en claro con la foto que Página/12 publicó el lunes pasado.
En el debate con Agustín Rossi, Villarruel no pudo contestar a la pregunta si quería a los genocidas en sus casas, reconoció que participó en movilizaciones y terminó reivindicando a un genocida con cinco condenas en su haber. En los días siguientes, dio entrevistas en las que tampoco pudo pronunciar la palabra “dictadura” –ella dice gobierno de facto– y en la que subió a la idea del “curro de los derechos humanos” que usó Mauricio Macri en su campaña presidencial. En esa línea, habló de una “industria del juicio” de lesa humanidad en una nota con CNN Radio.
“Es una frase provocadora. Entendiendo que ella quiere la impunidad de los genocidas, no sorprende para nada. Nosotros vamos a seguir profundizando el proceso de juzgamiento hasta que no quede sin juzgar ningún exintegrante de las fuerzas sospechado de haber integrado el aparato represivo”, responde el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
“Es absurdo su planteo”, dice Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Acá no hay cuestiones patrimoniales en el medio, simplemente una búsqueda de justicia. No conozco a ningún abogado o abogada que haya pedido la ejecución de honorarios en estos procesos”, añade.
“Los dichos de Victoria Villarruel son expresiones de alguien que claramente denosta los juicios y que agravia a las víctimas”, sostiene Sol Hourcade, referente de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Estos juicios demandan mucho de las víctimas. Es muy costoso en términos de salud psicofísica para las víctimas sobrevivientes y para los familiares de personas desaparecidas que ya llevan 47 años o más buscando justicia. Por otro lado, las reparaciones corren por vía administrativa, se empezaron a otorgar antes de que se reabrieran los juicios y se otorgan justamente porque es un deber del Estado reparar graves violaciones a los derechos humanos como las cometidas. Todo el proceso de memoria, verdad y justicia no es un curro, no es una industria, es una obligación del Estado”.
La otra pata del cuestionamiento de Villarruel es que hay genocidas detenidos sin condena firme. La demora en la revisión de las sentencias –particularmente en la Corte Suprema– fue denunciada por los propios organismos de derechos humanos y hubo un pronunciamiento de relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que se le pidió celeridad al máximo tribunal.
Esta semana, Argentina llegó a un número redondo de condenados por delitos contra la humanidad: 1200. Cerca de 400 genocidas tienen sus sentencias firmes y 93 –según lo que reconstruyó este medio– murieron con la condena revisada por las instancias superiores. Las demoras no son achacables a las víctimas ni a los querellantes, sino al Poder Judicial. La Corte Suprema desactivó la Comisión Interpoderes que se ocupaba de acelerar los procesos. Según las estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos, los tribunales dedican, en promedio, dos horas por audiencia, haciendo que los juicios duren años. Los supremos, sin ir más lejos, le aplicaron la cronoterapia a la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier –dueño del ingenio Ledesma– durante seis años.
“Desde la anulación de las leyes, los procesos judiciales se mantienen estables y activos”, afirma la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). “Lo que preocupa es la utilización de las vías recursivas para alargar los procesos con presentaciones reiterativas o apelaciones que solo ocasionan demora. Desde el Ministerio Público Fiscal se impulsan los procesos para que lleguen a obtener sentencia en el menor plazo posible, pero ello se obstaculiza en muchos casos por estas estrategias de litigación”, completa.
El vínculo con Pando y los genocidas
Villarruel iba con asiduidad a visitar a Alberto González, un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua. González es a quien Cecilia Pando señala como el ghostwriter de Villarruel y quien publicó un libro contra los juicios de lesa con Amelong, el genocida reivindicado por la diputada de LLA.
Página/12 pudo reconstruir con fuentes que coincidieron en el penal con Villarruel que ella tenía un trato más cercano con González, aunque se codeaba con el resto de los marinos que actuaron en la ESMA –Jorge Acosta o Alfredo Astiz, entre otros–. “La querían. Confiaban en que ella iba a ayudar a liberarlos”, confió una persona que presenció esos encuentros.
En los tiempos en los que los represores todavía estaban alojados en el penal de Marcos Paz, Villarruel se subía a una combi que salía desde el Centro Naval de Olivos con el resto de los familiares de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Villarruel también visitó en la cárcel a Norberto Cozzani, la mano derecha de Miguel Osvaldo Etchecolatz. El exdirector de Investigaciones de la Bonaerense también tenía trato con ella: tenía sus datos anotados en el cuaderno en el que diseñaba su estrategia de defensa. Junto al nombre de Villarruel, figuraba la sigla COFA, que significa Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. En el COFA funcionaba una mesa de articulación entre los grupos que objetaban los procesos de lesa humanidad.
La información aparece en el expediente en el que se investiga la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida cuando sus abogadas debían alegar en el juicio contra Etchecolatz. “Teníamos la versión de la combi”, confirma la abogada Guadalupe Godoy, querellante en las causas de La Plata. “Una de las líneas de investigación que se impulsaron después de que desapareciera López tenía que ver con analizar a quienes se oponían al avance de los juicios, es decir, este movimiento de familiares y aliados de los genocidas que participaban de marchas y después iban todos juntos a visitarlos”, explica.
Durante la investigación por la desaparición de López surgió que los genocidas presos en Marcos Paz se comunicaban incesantemente con el afuera. Uno de los teléfonos al que llamaban era el de Cecilia Pando, por entonces una de las militantes pro-impunidad más activas. En ese expediente figura que Pando y Villarruel se telefoneaban constantemente, lo que confirma el vínculo estrecho que las unía. Pando también se comunicaba con Amelong.
Una luz de esperanza
El “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA, fue el primero de los represores en esperanzarse con un triunfo de la dupla Milei-Villarruel.
¿Por qué están esperanzados? Según un oficial retirado, la respuesta es obvia: “Esperan un indulto para los condenados y los procesados. Les prometieron que en unos meses salen todos y que la cárcel de Campo de Mayo (donde está el mayor número de represores) se la devuelven al Ejército”.
Villarruel dijo que ella nunca habló de indultos o amnistías, pero el rumor circula.
