Las implicaciones del ‘No’ del Gobierno a la visita de la CIDH

Múltiples reacciones ha generado la negativa que le dio la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la visita de trabajo que pedía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en el contexto de las protestas sociales en Colombia. Negativa que será levantada hasta que las instancias internas hagan un trabajo en el que tradicionalmente han tardado meses o años. La CIDH planteaba tener reuniones en terreno y ‘en caliente’ con autoridades del Estado,  víctimas de violaciones a los derechos, sociedad civil y otros actores.

Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, especialista en cultura de paz con maestría en derechos humanos, destacó que Colombia se convirtió en el segundo país que en los últimos años se ha negado a recibir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y envía un mensaje sobre falta de transparencia.

«La labor de las autoridades nacionales no se afecta por la visita de la Comisión Interamericana. Por el contrario, esta puede fortalecer la difícil tarea que significa esclarecer lo ocurrido en las últimas semanas. Con la negativa se pierde una oportunidad de oro para reiterar el compromiso del Estado con los derechos humanos así como desescalar la violencia. También se siembra una duda internacional sobre la transparencia de la información oficial que se ha divulgado. Colombia se convierte en el segundo país, luego de Venezuela, que en los últimos años se ha negado a recibir una visita de la comisión», puntualizó Ospina.

El excanciller Julio Londoño Paredes sugirió que Colombia debe permitir la visita del organismo. «Creo que la CIDH puede ser un testigo para darse cuenta de la situación que estamos afrontando la mayoría de los colombianos. Quiero agregar que en el momento en que se prestó la toma de la Embajada de la República Dominicana durante el gobierno Turbay Ayala, yo estaba de viceministro de relaciones exteriores y Turbay llamó a la CIDH para que verificara cuál era la situación que se estaba presentando en el país. Naturalmente el gobierno tendrá sus elementos de juicio para tomar esa decisión pero lo que se necesita ahora es que los organismos de derechos humanos se den cuenta de la situación en que se encuentra Colombia en manos de unos vándalos», expresó el profesor Londoño.

Vicente Torrijos, profesor titular de la Escuela Superior de Guerra, experto en altos estudios internacionales, advierte que la respuesta de la canciller Marta Lucía no debe entenderse como un ‘no’ sino como una postergación que para él, tiene toda la justificación legal.

«El gobierno no ha dicho que niega las visitas, ha dicho que las postergan hasta cuando se den las condiciones óptimas para que las recomendaciones a que lleguen los investigadores puedan ser útiles para todos y realmente sean productivas para promover y proteger los derechos humanos. Es cierto que con esto se corre el riesgo de que el gobierno sea señalado de que quiere ocultar la verdad o la realidad sobre los hechos. Pero por otra parte también tiene sentido que esa visita se programa cuando las condiciones sean lo más favorable posible», anotó Torrijos.

La consejera presidencial de los Derechos Humanos aseguró que esa visita ‘in loco’ que estaba pidiendo la CIDH sólo podrá darse en aplicación del «principio de subsidiariedad», es decir, sólo hasta que las instancias nacionales agoten sus actuaciones. Pero este principio tiene excepciones en los trámites ante el sistema interamericano de derechos humanos y no aplica como inamovible en todas sus etapas..

«La CIDH no solamente solicitó la visita sino pidió una información detallada al estado colombiano y obviamente le vamos a responder. Recordemos que lo primero es que los órganos de control adelanten su trabajo, haya justicia dentro del marco de la Constitución y la Ley, y justamente la actuación en el sistema interamericano de derechos humanos debe respetar el principio de subsidiariedad», expuso Gutiérrez.

Jessica Corredor, doctora en sociología y antropología y directora del área internacional del centro de pensamiento DeJusticia, advierte que hay tres repercusiones para el Estado con la decisión de la canciller Ramírez.

«Se pierde una oportunidad de desescalar la crisis actual y de encontrarle una salida democrática. Pues mediante el monitoreo oportuno de un organismo como la CIDH esta puede colaborar con organismos de control y de esta manera evitar que haya impunidad, que se distorsione la verdad y garantizar la no repetición. Segundo es que genera más tensión pues la visita era un pedido de los sectores de la sociedad que se manifiesta actualmente. También se ponen del lado de los gobiernos autoritarios que son Venezuela y Nicaragua que dicho sea de paso el gobierno colombiano criticó fuertemente por su postura ante la CIDH», agregó Corredor.

Fuente: La FM