Luz Adriana Camargo Garzón es abogada de la Universidad de la Sabana en Bogotá y es magíster en derecho penal y criminología. Fue escogida como fiscal general por la Corte Suprema el 12 de marzo de 2024, luego de ser incluida en una terna por el presidente Gustavo Petro.
Nació en 1965 en Bogotá. Hasta la universidad tuvo una educación conservadora. Primero en el colegio de monjas, María Mazzarello, y luego en la Sabana, del Opus Dei. Empezó su carrera trabajando en la rama judicial como funcionaria de un juzgado y luego fue juez de instrucción criminal, entre 1987 y 1989. En 1992 entró a trabajar en la Fiscalía General, donde estuvo de manera casi ininterrumpida hasta el 2004, cuando llegó a ser fiscal delegada ante la Corte Suprema, el cargo que investiga a los funcionarios públicos aforados.
De ahí saltó a la Corte Suprema. Fue magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal y trabajó con Iván Velásquez, ministro de Defensa de Gustavo Petro, cuando Velásquez pertenecía a la Corte Suprema de Justicia. Camargo y Velásquez trabajaron en la Comisión de Apoyo Investigado de la Sala Penal, cuando arrancó la misión de investigar quienes eran los congresistas que tuvieron nexos con paramilitares, la también llamada parapolítica.
Ahí empezó una relación de trabajo larga con Velásquez que giró alrededor de la investigación penal de corrupción de personas poderosas.
Entre 2014 y 2017 Camargo hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, bajo el mando de Velásquez. Se desempeñó como Jefe del Departamento de Investigación y Litigio y era la mano derecha de Velásquez, y el filtro de los temas que él presentaba. Su trabajo también incluyó desarrollar protocolos de buenas prácticas en investigación criminal.
En la Cicig apoyó, entre otras, investigaciones de corrupción de alto perfil contra el expresidente Otto Pérez Molina. Una de sus colegas guatemaltecas, que pidió no ser citada porque está exiliada, recuerda a Camargo como, “trabajadora exigente, analítica, que siempre preguntaba cómo íbamos a probar todo”. Según la fuente, Camargo tenía una mirada centrada en los detalles que hizo que la acusación al expresidente Pérez fuera larga y difícil de entender para los jueces.
En 2018, fue consultora del Equipo de Seguimiento Especial y asesoró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el seguimiento de investigaciones penales en Ecuador y Colombia, en el caso de los periodistas del diario El Comercio, quienes fueron secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra.
En una consultoría posterior, Camargo trabajó con varias ONG de izquierda en 2020. Hizo un informe sobre asesinatos de líderes sociales para Forjando Futuros, fundada por el exdirector de la ANT de Petro, Gerardo Vega, la Comisión Colombiana de Juristas, y la Intereclesial de Justicia y Paz, donde trabajó Juan Fernando Petro, hermano del presidente. El informe final hace duros señalamientos al indicador de esclarecimiento de la Fiscalía, y afirma que existe una sistematicidad en esos homicidios.
También en el mundo de la consultoría volvió a trabajar con Iván Velásquez, en la fundación que él fundó, Corporación Justicia y Democracia, en un proyecto sobre la reforma a la Policía Nacional.
En septiembre de 2023, el presidente, Gustavo Petro, modificó la terna que había entregado un mes antes a la Corte con sus candidatas a fiscal, e incluyó el nombre de Camargo, en reemplazo de Amparo Cerón. Camargo entró a la campaña rodeada de rumores por su cercanía a Velásquez, que se desempeña como ministro de Defensa del gobierno.
En la quinta reunión de la Sala Plena de la Corte finalmente obtuvo una mayoría de 18 votos, y fue escogida fiscal general para el periodo de 2024-2028.