Petro, la migración y las elecciones: tres encrucijadas hoy en Venezuela

Esta columna fue escrita junto a Isabella Romandini* y Andrés Agudelo**.

El año que comienza es crucial para el futuro de Venezuela. ¿Será 2024 el punto de arranque de su ruta democratizadora o sumará un año más en la deriva autoritaria? ¿Habrá elecciones competitivas tal y como se consensuó en los Acuerdos de Barbados? ¿Cuál es el papel de Colombia frente al gobierno de Maduro? ¿La migración venezolana en el mundo puede ser víctima de los intereses políticos y geoestratégicos de los Estados? Tres análisis nos acercan a entender la actualidad venezolana.

El papel de Petro

Las relaciones entre Miraflores y la Casa Blanca entraron en una nueva etapa de tensión después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. 

El gobierno de Estados Unidos retomó algunas sanciones económicas y trazó un plazo hasta abril para que se cumpla lo pactado en los Acuerdos de Barbados, que incluía la realización de elecciones. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, optó por una respuesta vulgar contra los estadounidenses que confirmó la inmovilidad del régimen chavista.  

Una nueva crisis entre Venezuela y Estados Unidos podría significar una oportunidad de mediación entre esos países para Colombia. Sin embargo, ha resultado incómoda para el presidente Gustavo Petro por la presión de distintos sectores políticos que le exigen un pronunciamiento sobre el asunto. El mandatario, generalmente locuaz y de trino fácil, optó por el silencio.  

Petro apuesta por construir un liderazgo regional basado en la defensa del medio ambiente y la salvaguarda de la democracia, por lo que su reserva sobre el impedimento para que María Corina Machado sea candidata presidencial es una prueba ácida de su coherencia política. 

Entretanto, varios gobiernos de la región han manifestado preocupación por el devenir electoral de Venezuela y solidaridad con la líder caraqueña.      

El mutismo del presidente Petro podría justificarse por no querer tensionar la relación con un país que ha facilitado las negociaciones de paz con el ELN. También por la necesidad de ser prudente para mantener la reactivación del intercambio comercial entre economías o de sostener canales cordiales de comunicación por la delicadeza del asunto migratorio.

Sin embargo, el silencio de Petro contrasta con sus declaraciones veloces y vehementes sobre la situación política de otros países como Perú, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y Guatemala. 

La política venezolana no ha sido indiferente para él: en agosto de 2022 le respondió a Diosdado Cabello que en Colombia se garantizaba el derecho de asilo después de que el líder chavista sugiriera la extradición de algunos opositores exiliados en Colombia. En abril de 2023 convocó en Bogotá a una veintena de delegaciones internacionales para debatir sobre la situación política del país vecino. En enero de 2024, en Davos, Suiza, compartió un análisis sobre el petróleo y el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana. 

En política, un silencio excesivo es tan riesgoso como una respuesta apresurada porque el vacío se llena con palabras incómodas: incoherencia, cinismo, complicidad, indiferencia, abulia. Tomar una postura basada en unos principios defendidos repetidamente en otros escenarios puede incomodar, pero denota fortaleza y claridad en la política exterior. 

La calidad de las elecciones presidenciales en Venezuela no sólo definirá el futuro del régimen autoritario, su continuidad, reformismo o derrumbe. Implica un reto para el liderazgo que Petro busca en la región. Lo aconsejable es que el silencio no sea su respuesta.

La migración como moneda de cambio

Las impresionantes cifras del éxodo venezolano reflejan de manera palmaria el fracaso del proyecto político emprendido por Hugo Chávez en 1999 y continuado por Nicolás Maduro a partir de 2013, que cumple 25 años. 

Ningún país del continente americano ha sufrido una tragedia de tal magnitud. Casi 8 millones de personas, sin contar aquellos con doble nacionalidad que también han abandonado el país y no aparecen en las estadísticas, están hoy repartidos alrededor del mundo. Especialmente en América Latina y el Caribe donde reside el 85% de ellos.

Desde 2015, año tras año, esa cifra ha aumentado como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela, que se ha expresado no solo en la deriva autoritaria de sus gobernantes con toda la represión, las detenciones, la tortura, los asesinatos y los ataques a los medios de comunicación. También en el desplome de su economía y el empobrecimiento general de su población, así como en dantescos indicadores sociales como la reducción de la expectativa de vida.

El gigantesco fenómeno migratorio venezolano ha causado enormes efectos en los países a donde han llegado los migrantes. Particularmente, en aquellos que conforman el cinturón andino de América del Sur –Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que tienen al 69% del total de migrantes venezolanos. Las respuestas para acogerlos han sido disímiles. 

El sistema de refugio, basado en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Declaración de Cartagena de 1984, no ha sido aplicado extendidamente, con las excepciones de España y Brasil.

Lamentablemente, la gestión de la migración venezolana no ha escapado a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los países involucrados. Un caso es el de Colombia que, a pesar de haber puesto en marcha un novedoso sistema de regularización para la población venezolana ha emprendido durante este gobierno un relato que da a entender que el fenómeno de movilidad de venezolanos ha acabado. 

El gobierno actual parece decir que los venezolanos están regresando a su país o van de paso por el Tapón del Darién. Eso ha servido como estrategia para sacar el tema migratorio de la agenda, cuando Bogotá y Caracas reanudaron relaciones diplomáticas, consulares y comerciales.

El otro caso del uso de la migración como carta de negociación es el que la administración de Joe Biden impuso. En las negociaciones de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana se plasmó expulsar del territorio estadounidense y trasladar a Venezuela a los migrantes en situación irregular. Los demócratas están bajo la presión de los republicanos para que adopten políticas migratorias más duras.

Esta política, que ya se aplica, ha sufrido una nueva vuelta de tuerca a raíz de los anuncios de Washington de que volverá a instaurar las sanciones petroleras que le había suavizado al gobierno venezolano tras el incumplimiento de los Acuerdos de Barbados. La vicepresidenta Delcy Rodríguez respondió que así las cosas no recibiría a sus compatriotas en su propio país.

Una oportunidad para votar y ganar

Sin duda alguna, la juventud venezolana ha sido el sector más resiliente de Venezuela. Los jóvenes venezolanos entre los 18 y los 25 años son la generación nacida tras la llegada del chavismo al país y representan el 51% de los más de cinco millones de personas que migraron de Venezuela entre 2015 y el 2020, según la Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve). 

Durante las últimas dos décadas distintas generaciones de jóvenes han encabezado multitudinarias protestas para intentar redemocratizar Venezuela. Es muy difícil olvidar y dejar atrás años como 2014, 2017 y 2019, en los que la extrema violencia por parte del régimen se intensificó a tal punto que fenómenos como la migración forzada e incluso muertes desembocaron en situaciones que apaciguaron sus luchas dentro del país. 

Sin embargo, hoy avanza un proceso de renovación del liderazgo juvenil y de nuevas influencias en el país. Esto promueve la motivación más importante para el cambio: la esperanza. 

Si bien incentivar la participación política de la juventud venezolana no es fácil, se sabe que gran parte de los jóvenes se desentendieron y son apáticos a la política. Pero las primarias de la oposición venezolana de octubre del año pasado han logrado una importante movilización de cara a las elecciones presidenciales de 2024. 

Los procesos electorales en Venezuela de los últimos años han estado plagados de denuncias por fraude. Es un gran reto lograr este año que haya elecciones democráticas, libres y justas. Este es un desafío para la juventud venezolana. Hay hoy más de tres millones de jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la cifra estimada para 2024 son cinco millones de personas.

En un informe publicado por el ente electoral en octubre, hubo 139.784 nuevos inscritos, es decir un 4% de esos tres millones que pueden inscribirse. Es un número muy bajo. Hay que hacer un enorme trabajo para movilizar a los que faltan, a pesar de las trabas que pondrá el gobierno.  

En Venezuela, los jóvenes no han sido ajenos a la crisis. Son una prioridad para el cambio político y económico. Y para conseguir plenos derechos y libertades en materia de empleo, salud y educación. 

Lo más sensato es seguir apegados a la idea del cambio, cumplir los deberes políticos y ejercer los derechos. Hay que mantener el apoyo a María Corina Machado, ayudar a que más personas se inscriban en el CNE y organizarse para incidir en la coyuntura electoral y, ojalá, lograr el cambio esperado.