Fue un golpe preventivo antes de la derrota. La decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir la segunda EPS más grande el país, Sanitas, se dio poco después de que el Senado agendó la votación para archivar la reforma de salud que el gobierno de Gustavo Petro lleva un año tramitando en el Congreso.
Además del anuncio de la SuperSalud, otros dos ataques a las EPS se lanzaron desde aliados del gobierno. Fue un movimiento coordinado que muestra que el gobierno está llevando a otro nivel la “crisis explícita”, como la llamó la exministra Corcho, en el sistema de salud actual.
La intervención de Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados, es una medida agresiva que toma el control total de la empresa por un año y pone un interventor con poca experiencia. La movida eleva el ímpetu de intervención, avanzando el camino de destrucción del sistema de aseguramiento privado actual. Un camino que había anunciado el mismo presidente Petro si no se aprobaba su reforma. Con eso, el gobierno redobla su apuesta ideológica poniendo en medio la salud de millones de afiliados.
“Podría causar muchos muertos”, afirma el exministro de Salud que estuvo en el gabinete de Petro, Alejandro Gaviria, un centrista enemigo de la exageración.
Una intervención antes de la derrota legislativa
El gobierno Petro envió a tres pesos pesados para intentar evitar que se agendara la votación de hoy para hundir la reforma de salud. Estaban dos ministros, Interior y Salud, y el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Aun así, en la Comisión Séptima del Senado se agendó la votación de hoy para archivar la reforma principal de la apuesta de cambio del gobierno.
Fue una última bofetada antes de la estocada. Desde hace tres semanas se había conformado un bloque de ocho senadores, en la comisión de 14 miembros, que prometió hundir la reforma a la salud. La derrota cantada borraba casi un año de debates álgidos en la Cámara, donde había sido aprobada con mucho esfuerzo y desgaste. Incluyó la salida de la ministra Carolina Corcho, la renuncia de tres ministros liberales del gabinete, y la ruptura de la coalición mayoritaria con los partidos tradicionales del Congreso.
Casi al mismo tiempo, funcionarios de la Superintendencia de Salud entraron a las oficinas principales de Sanitas en Bogotá y tomaron control de la entidad. Sus directivos, incluyendo el presidente, Juan Pablo Rueda, dejaron sus computadores, y desde ahora, serán reemplazados por funcionarios de la SuperSalud.
Pero antes de la intervención ya venían pasando cosas. Hace tres días, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, hizo una denuncia que fue replicada por el presidente Petro. Según Arias, Keralty, empresa del grupo empresarial dueño de Sanitas, hizo donaciones ilegales a los partidos de los senadores que estaban cerca de hundir la reforma. “Si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas, han roto con la Constitución”, afirmó Petro. Los partidos denunciados, entre ellos La U y el Centro Democrático, rechazaron la acusación, y defendieron la legalidad de las donaciones. También negaron que hubiera un conflicto de interés de sus congresistas.
Con ese ambiente ya turbio, ayer en la mañana, llegó otra denuncia, también replicada por Petro. En una rueda de prensa matutina, Corcho, la exministra que redactó la reforma del gobierno, denunció que había 13 billones de pesos que las EPS habían “refundido”.
Como parte de un comité de seguimiento a una sentencia de la Corte Constitucional sobre la salud, Corcho sostuvo que durante años las EPS, incluyendo Sanitas y la Nueva EPS, habían desviado dineros públicos que no aparecían en los estados contables. “Los recursos de la UPC, legal y constitucionalmente, no pueden ser utilizados ni para financiar campañas, ni para financiar clanes políticos”, afirmó la exministra. “Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad”, afirmó Petro citando la investigación de Corcho.
Luego llegó la intervención de la SuperSalud a Sanitas. Con esa decisión se estrenaba el nuevo superintendente nombrado por el presidente, Luis Carlos Leal. Con poco más de un mes en el puesto, el médico y exconcejal del partido Verde, declaró que “se ha alejado de su cargo a la junta directiva, y a la asamblea de accionista de esta EPS”. Leal, de 35 años, es cercano a Corcho, con quien hacía un programa de redes sociales crítico a las EPS.
Su decisión de intervenir a Sanitas, un gigante del aseguramiento, fue sorpresiva. “Es la medida más extrema antes de la liquidación”, explica el exsuperintendente Gustavo Morales. Según Morales, hoy presidente del gremio de seguros, Fasecolda, “lo que la buena práctica aconseja para no causar traumatismos es que primero se hacen requerimientos, luego se hace un plan de mejoramiento, luego se toma una medida de vigilancia especial. Y solo como cuarta medida, la intervención para administrar”.
Leal optó por la intervención argumentando tres razones: la falta de las reservas técnicas (un colchón financiero de ahorro que por ley deben tener las EPS), el aumento de quejas sobre el servicio de parte de usuarios, y la deuda creciente con prestadores de servicios (clínicas y hospitales).
Desde hace meses los mismos directivos de Sanitas venían advirtiendo que esos problemas tenían su origen en los recursos insuficientes que gira el gobierno desde hace años. Un problema estructural que se hizo más grave en el gobierno Petro, que, según afirman expertos en salud y las mismas EPS, viene cultivando una crisis en el sector de la salud, pues no ha pagado deudas a las EPS y no ha ajustado apropiadamente el monto que gira por cada afiliado.
Ahora, el interventor designado por la SuperSalud que debe solucionar esos problemas, con la misma plata, será Duver Dicson Vargas. Viene de ser interventor del hospital de Valledupar, Rosario Pumarejo de López, que en 2023 manejó un presupuesto de $74 mil millones. Ahora en Sanitas, llega a administrar una empresa con ingresos de más de $7 billones, 100 veces más, con la experiencia adquirida como subgerente de dos hospitales pequeños, uno en Villavicencio y otro en Guaviare.
Por todo esto, la movida sobre Sanitas es una intervención que desde ya huele a liquidación, lo que, según un estudio académico, en el pasado ha incrementado la tasa de mortalidad de los afiliados. Aun así, es un escenario que ya había previsto el presidente Petro. “Simplemente, EPS quebrada… sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces ese mundo mayor de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar” (sic), afirmó en una entrevista a Cambio.
Pero con el hundimiento de la reforma de salud en el Congreso, el gobierno está asumiendo un rol mucho más activo y ya tiene un terreno preparado.
El plan B se vuelve el A
La intervención de Sanitas forma parte del plan B de Petro para hacer su reforma a la salud, como varios expertos y críticos lo habían cantado desde el año pasado. El plan B del gobierno es ir liquidando las EPS que no cumplen con los requisitos técnicos (que son la mayoría) e ir pasando los afiliados a la Nueva EPS. Con el tiempo, ésta se irá convirtiendo en el nuevo Seguro Social con el que sueña el gobierno Petro, una gran EPS pública.
El gobierno comenzó a ejecutar su plan B cuando se enredó el trámite de la reforma en el Congreso a finales del año pasado.
El primer paso fue tomarse el control de la Nueva EPS, una empresa privada del régimen subsidiado y régimen contributivo, que inició operaciones en 2008 con los afiliados del Instituto de Seguro Social cuando fue liquidado por sus problemas sindicales y clientelistas.
Desde entonces, se ha convertido en la EPS más grande de Colombia con más de 10 millones de afiliados y la única con cobertura en prácticamente todo el país. Tiene el 18.64% de toda la población del régimen contributivo y el 16.48% del régimen subsidiado (a corte de diciembre de 2022).
La junta directiva de la Nueva EPS está conformada por cinco miembros, tres de las cajas de compensación y dos del gobierno. Pero gracias a una movida intimidatoria del gobierno contra las cajas de compensación, en noviembre el gobierno logró que las cajas aceptaran una nueva junta con una mayoría alineada con los planes del gobierno para el sistema de salud.
Esta junta luego eligió en enero como presidente de la Nueva EPS a Aldo Cadena, un político cesarense que fue secretario de Salud de Petro durante su Alcaldía, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) y un operador político de confianza del presidente desde que juntos militaron en el M-19. Cadena fue su gerente de campaña en Bolívar y Sucre, dos departamentos claves en su elección.
En paralelo al cambio del gobierno corporativo de la Nueva EPS, el gobierno modificó vía decreto las reglas de traslado de afiliados para facilitar que la Nueva EPS pueda absorber los afiliados de las demás EPS que la Superintendencia vaya interviniendo porque no cumplen los requisitos de operación, como lo había advertido desde un principio el presidente Petro.
Un documento de la Supersalud del año pasado estableció que “14 de las 24 entidades que actualmente operan el aseguramiento en salud no cuentan con los recursos suficientes para cubrir las reservas técnicas”. En otras palabras, que habría base legal para intervenir esas EPS.
Con la intervención y eventual liquidación de Sanitas, la segunda más grande después de la Nueva EPS, la Superintendencia tiene en su poder cerca de 13 millones de afiliados, incluyendo los de otras EPS que se han intervenido o están en proceso de liquidación. El año pasado, por ejemplo, fue intervenida Famisanar, con 3 millones de afiliados, y Savia Salud, con 1,6 millones. Es decir, si terminan en la Nueva EPS, la aseguradora que ahora opera bajo el influjo del gobierno podría tener antes de que finalice su período unos 23 millones de afiliados. Multiplicar por tres su capacidad operativa sería una proeza, incluso para las grandes multinacionales.
“Lo dijimos en octubre: van a adueñarse de la Nueva EPS y este va a ser el plan B de la reforma, a nadie le debe sorprender lo que pasó con Sanitas”, dice Iván González, exviceministro de Salud durante el gobierno anterior. “La única duda que tengo hoy es si la Nueva EPS se va a reventar.”
La Nueva EPS tuvo ingresos operacionales en 2022 por 12,7 billones, la mayoría de ellos por las transferencias que hizo el gobierno por afiliado, siendo una de las empresas más grandes del país.
Aunque según el Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS – Régimen Contributivo y Subsidiado 2022, es la segunda EPS a la que más colombianos quisieran pasarse, el desempeño de la Nueva EPS es promedio para la mayoría de indicadores, según la última encuesta de percepción de servicios de las EPS.
La Nueva EPS es la que más plata les debe a los hospitales, con una deuda superior a los 2 billones de pesos y una morosidad del 42,7% en los pagos según el informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas a corte de diciembre de 2022. En otras palabras, no cumple el indicador de inversiones en reserva técnica y no ha pasado la evaluación de la Supersalud en las últimas tres revisiones.
Hace un par de semanas, Aldo Cadena denunció que la Nueva EPS tuvo una pérdida en 2023 de 411 mil millones de pesos. Y agregó: “Esto sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron, que pueden ser billonarios”. Dijo que sabrá de cuántos billones después de una auditoría forense que arrancó la semana pasada, y que llega abonada por las denuncias recientes de Corcho.
“Si les implosiona la Nueva EPS no van a decir ‘la quebramos'”, dice González. “El sistema estaba en jaque y con lo de Sanitas es el jaque mate. Nadie gana, todos perdemos”.
