Hoy las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro vuelven al ruedo. Por ahora ni el gobierno ni la oposición tienen los votos asegurados para aprobarlas o hundirlas, pues todavía hay muchos votos indecisos o negociables.
El gobierno espera jugar sus cartas para conseguir, si no mayorías, al menos un margen de maniobra manejando el quórum. En la ecuación entran Laura Sarabia, directora del Dapre y del computador de Palacio (en el que se organizan puestos para los congresistas aliados) y la habilidad de negociación del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
De entrada, y según los cálculos de más de 10 congresistas consultados, así están los pronósticos de las reformas en cada uno de los escenarios en las que están.
En la pensional hay ambiente para la propuesta de los partidos
La reforma pensional se empieza a discutir hoy con al menos tres ponencias diferentes que anticipan que el debate va a tomarse un buen tiempo.
Primero está la propuesta del gobierno, que mantiene la idea original de quitarles poder a los fondos privados, que se coticen los primeros tres salarios mínimos en Colpensiones para darles un auxilio de vejez a 400 mil ancianos y mantener la edad de jubilación.
Por su parte, la opción liderada por la senadora Norma Hurtado, de La U, plantea que la cotización en fondos privados sea a partir de 1.5 salarios mínimos mensuales y no de 3 como propone el gobierno. Además, sugiere que la entidad administradora no sea Colpensiones, sino el Banco de la República, con unas reglas que garanticen que la plata se ahorre. Es la ponencia con más aceptación entre los partidos tradicionales porque deja vivo el mercado de capitales.
Esos fondos privados tienen vínculos directos con la mayoría de los partidos tradicionales. Por ejemplo, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del fondo Porvenir (tiene a 13 millones de los 19 millones de afiliados que tienen las AFP), les donó más de 11 mil millones de pesos a esos partidos políticos para las elecciones de 2022.
El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha entendido esa fuerza y ha empezado a abrir las puertas a negociar esa propuesta.
Y la tercera ponencia, de la oposición, pide hundir todo el proyecto de una vez.
Cualquiera de las tres ponencias necesita mínimo 53 votos para asegurar su aprobación. Son la mitad más uno de los 105 senadores que hay. De los 108 que se posesionaron en 2022, tres ya no están: Rodolfo Hernández renunció y a Ciro Ramírez (Centro Democrático) y Mario Castaño (Liberal, fallecido) les aplicaron “la silla vacía” por estar vinculados a procesos judiciales por corrupción.
El 53 es el mínimo del quórum, pero puede bajar más. Es muy probable que algunos senadores se declaren impedidos. Por ejemplo, el conservador José Alfredo Marín se declaró impedido cuando la reforma se debatió en primer debate en la comisión Séptima, y, en consecuencia, debería hacer lo mismo en plenaria.
Para curarse en salud va a ser común ver desde hoy que la mayoría de los senadores va a presentar algún impedimento. Suelen rechazarse. Pero eso va a alargar el debate y va a depender del presidente del Senado, Iván Name, que haya o no celeridad en ese trámite. Teniendo en cuenta, además, que la plenaria solo está sesionando dos veces a la semana, martes y miércoles.
El gobierno tiene un margen de maniobra en este segundo debate. A diferencia de la reforma a la salud, la bancada de los 15 senadores conservadores aún no ha tomado una decisión oficial sobre la pensional y el gobierno está buscando que los dejen votar en libertad. El nombramiento de la nueva ministra de Deportes en representación de unos congresistas conservadores apuntó a esa dirección.
Si el gobierno logra sacar la pensional de la plenaria del Senado manteniendo los pilares de la propuesta original o cediendo con la de los partidos, el paso a seguir es la comisión Séptima de la Cámara. Un escenario que le es más favorable como se vio con la reforma a la salud.
En la de salud, el margen de maniobra es limitado para el gobierno
La de salud es la reforma más avanzada, pero más incierta. Va a tercer debate en la comisión Séptima del Senado en medio de los cuestionamientos de los gremios, la oposición, sectores académicos y la opinión pública, según sondeos. Y con dudas sobre su legalidad porque se han denunciado posibles vicios de trámite.
Para el gobierno el margen de maniobra es menor desde ahora. En la Séptima demostró que puede asegurar los ocho votos mínimos. Así se vio cuando la pensional pasó por ahí en el primer debate porque pudo inclinar la cancha a su favor con la ayuda de dos senadoras cristianas —Lorena Ríos y Ana Agudelo— que oficialmente son independientes. Pero, en este caso, la senadora Lorena Ríos ha marcado diferencias con la reforma a la salud y Ana Paola Agudelo dice que lo está consultando con su partido.
En el gobierno, en todo caso, creen que pueden conseguir los mínimos. Ha tendido puentes con el senador liberal, Miguel Ángel Pinto, a quien le han nombrado aliados políticos en la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec.
Pero ese escenario es opuesto en la plenaria para el cuarto y último debate. Los conservadores están amarrados por bancada a votar no, lo cual aumenta el poder de los sectores de oposición que lideran Cambio Radical, Centro Democrático y algunos del Liberal y La U. Sumando esos bloques, la oposición de la reforma se acerca a los 50 votos. A tres votos del mínimo para hundirla.
Sectores de oposición también buscarán sacar del debate a los defensores de la reforma o al menos prolongar su discusión para que hunda por tiempos. Por ejemplo, Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional y con negocios en el sector que se pueden afectar con la reforma, recusó a más de una 40 congresistas cuando el proyecto pasó por la Cámara.
Para tratar de contrarrestar esa fuerza, el gobierno busca repetir la misma estrategia que usó en la plenaria de la Cámara. Asegurar el mínimo del quórum y que los conservadores aliados no voten con la oposición. Una alta fuente del gobierno dice que para aterrizar esa operación tienen asegurados a cuatro de los 15 senadores conservadores y “charlados” a cuatro más.
En las cuentas del gobierno hay conservadores como Efraín Cepeda, Nicolás Echeverri y Óscar Giraldo, con los que no ven posibilidad de diálogo. Cepeda ya mostró fuerza dentro de la bancada para quedarse con más gente porque renunció a la dirección del partido, pero el directorio nacional se la rechazó de manera unánime.
Entre los liberales indecisos pesan dos factores. El primero, la presión del expresidente César Gaviria para no dejar arrasar —según sus palabras— el sistema de salud que él mismo promovió con la Ley 100. En esa postura están ubicados firmemente senadores como Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez.
El otro factor es qué tanto cumple el gobierno con promesas de burocracia. Entre los que están esperando coqueteos para definir sus posturas están Lidio García, Alejandro Vega, Karina Espinosa y Jaime Durán. “Pueden apoyar algunas cosas y otras no, si se vota en bloque”, dice un senador Liberal.
El ministro Velasco es clave en ese grupo. Fue compañero de varios de ellos en el partido y, desde el gobierno, ha buscado presionar que se haga rápido la convención nacional del partido para sacar de la dirección a Gaviria. Por ahora no lo ha conseguido y Gaviria mantiene influencia en el Senado.
Entre los liberales indecisos también hay posturas como la del senador Alejandro Chacón, quien dice que la reforma a la salud debe tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, por lo que optaría por no votar o terminar apoyando a la oposición.
La laboral con menos ambiente
Es la reforma más colgada y con menos probabilidad para avanzar. El primer debate será programado en una o dos semanas en la comisión Séptima de la Cámara.
Durante el semestre pasado el gobierno tuvo dificultades para agendar el proyecto y conseguir el quórum mínimo. En parte porque la prioridad estaba en evacuar la reforma a la salud y porque todos los partidos, incluso aliados como el Liberal, presentaron propuestas con enfoques diferentes.
Esas propuestas alternativas recogen las quejas de los gremios poderosos como la Andi y Fenalco. Los resultados de la economía del 2023, que creció aún menos de lo esperado, ha sido el argumento de congresistas de partidos tradicionales para decir que la reforma es inconveniente ahora porque impondría cargas adicionales a los empresarios.
En ese escenario de la Séptima, el gobierno tiene una base de arranque, como lo demostró con la reforma a la salud. La presidenta es la liberal María Eugenia Lopera, quien es aliada del gobierno y beneficiaria de burocracia. Pero como son varias ponencias y hacer un acuerdo entre las partes puede llevar mucho tiempo, el proyecto arranca con tiempo limitado.
En las cuentas de la comisión está que esa discusión les puede tomar casi todo el semestre. Que, en caso de avanzar, dejaría tres debates para el periodo 2024-2025, donde el manejo de las comisiones y las plenarias va a ser diferente.
Por ejemplo, el otro semestre la presidencia de la Cámara es para el partido Verde y la quiere Katerine Miranda, opositora de la reforma. Los presidentes de comisiones o plenarias tienen el poder de no agendar o retrasar lo más que se pueda los debates de proyectos claves como la laboral.
En la presidencia del Senado estaría Efraín Cepeda, quien también es opositor de la reforma.
