Pedro Álvarez tiene un negocio de comidas rápidas en Barranquilla y en noviembre hizo algo que siempre había criticado. Cogió su celular y llamó a un “marañero” que hace fraudes en los contadores para reducir el costo de la factura de energía.
“No me daba para pagar el recibo en 2,2 millones. Si me llegaba otro recibo así en enero tenía que cerrar el negocio”, lamenta. Su nombre fue cambiado para esta historia porque el robo de energía es un delito que da hasta seis años de cárcel y millonarias multas. Con la “maraña”, una maniobra que engaña al contador, se ahorró unos 500 mil pesos.
Este es un delito que se ha hecho usual en el Caribe. Según la empresa prestadora del servicio, Air-e, el 20 por ciento de los usuarios roba energía. Es un problema que no se presenta con otros servicios, sino con el de energía por su costo excesivo. Se trata de un círculo vicioso que augura una crisis inminente en la región.
“¿Por qué la gente se roba la energía? Porque no la puede pagar. ¿Por qué los operadores tienen una pérdida alta (ítem para medir el valor del kilovatio)? Porque la gente se roba la energía. La luz no es pagable en la Costa”, explica Elverth Santos, ex superintendente de servicios públicos en el Caribe.
El robo de energía no tiene estratos en el Caribe. Roban los pobres, la clase media y los ricos. Ayer fue noticia el hurto de energía en el condominio Castellana Campestre, estrato 6, donde siete viviendas estaban robando energía equivalente a 37 millones de pesos.
En 2022, Fundesarrollo y Frontier Economics publicaron un informe que advirtió: “Los impactos mencionados en pobreza y producción industrial, que actualmente solo están reflejando el inicio de los incrementos autorizados en las tarifas por cinco años, anticipan una situación económica y social inminente e insostenible en el Caribe colombiano”.
En 2023, según cifras del Dane, el costo de la energía subió más del 33 por ciento en ciudades como Barranquilla y Riohacha. Estas ya venían con un incremento del 32 por ciento en 2022.
La competitividad golpeada
César Uparela es directivo de Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y dueño de la empresa Etiqueta de Colombia, que produce etiquetas autoadhesivas y fundas termo encogibles. Uparela se siente angustiado, dice que su gremio es muy vulnerable frente a las altas tarifas de energía.
“El costo de producción para nosotros resulta mucho más alto que para cualquier empresa del mismo tenor ubicada en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Bogotá. Cada día nos estamos viendo abocados a que nuestros productos sean más costosos y que no seamos competitivos”, dice.
La energía es uno de los cuellos de botella más importantes para que el Caribe, que tiene tres grandes puertos, pueda aprovechar las oportunidades de los cambios en la globalización. “Mientras en 2017 China representaba el 21,6 por ciento de las importaciones estadounidenses, el año pasado esa proporción cayó al 16,3 por ciento”, escribe Ricardo Ávila, analista de El Tiempo, cómo la rivalidad entre los dos países ha hecho que empresas estadounidenses busquen centros de producción en países más cercanos y alineados con los valores gringos.
En ese contexto de “nearshoring” los centros industriales de Barranquilla y Cartagena tienen grandes ventajas en logística, mano de obra y geografía, pero está el problema de la luz.
La empresa de Uparela, que genera 40 empleos directos, ha sufrido ese golpe a la competitividad, incluso frente a otras regiones de Colombia. El año pasado redujo sus clientes en el interior del país en un 12 por ciento. Mientras revisa los recibos de su empresa, dice que en tres años se duplicó el costo del kilovatio.
“Me siento vulnerado totalmente. A cada rato le digo a la gente de la empresa: apaguen esta luz, si esta máquina no está trabajando vamos a apagarla. Y en las horas picos, cuando el kilovatio es más caro, tratar de no trabajar”, se queja el empresario.
En el Caribe naturalmente se consume más energía que en las otras regiones del país por el intenso calor y el uso de aparatos de aire acondicionado. Pero además, la región ha padecido la pésima prestación del servicio de energía desde hace décadas y un cobro excesivo.
En el gobierno de Iván Duque se dio un golpe mayor al bolsillo de los usuarios. Duque vendió la liquidada Electricaribe con unas condiciones muy favorables para los compradores, pues nadie se quería meter en el negocio.
Entre las condiciones que puso hubo dos ítems que incrementaron la factura. Una, el cobro de inversiones proyectadas, y no las ejecutadas, como sucede con los operadores de otras regiones.
La segunda, la que tiene más afectado el bolsillo de los costeños, es el cobro de las “pérdidas no técnicas”, es decir, las que se dan por las fallas de la infraestructura o robos de energía.
El empresario Rodolfo Plata tiene 75 años y dice que esta es la segunda vez que ha sido testigo de “una estafa de la nación a la región Caribe”. Plata es dueño de Fábrica de Hielo, una empresa con 70 empleados.
Para Plata es injusto que los que pagan la factura tengan que asumir la energía que se roban otros y que eso tiene en un viacrucis a su empresa. “Nosotros tenemos competencia informal. Así que le estamos pagando, no solo al que nos la roba, sino al que nos compite”, reclama Plata.
Con la nueva normativa, Plata pasó de pagar 160 millones a 240 millones de pesos en luz. “Durante la pandemia la demanda de hielo se nos bajó al 20 por ciento. Entramos en ley 1116 (insolvencia empresarial). Y el suero intravenoso que nos pusieron para sobrevivir fue este invento de propiciar que la tarifa de los legales absorbiera el robo de la luz”, dice Plata.
La región Caribe, al igual que el resto del país, también se vería afectada este año por las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y por fenómeno de El Niño, según han planteado expertos. Desde el Gobierno han dicho que no habrá aumentos excesivos.
La relación conflictiva entre usuarios y prestadores del servicio
Son las dos de la tarde y las oficinas de Air-e en Barranquilla están abarrotadas de gente. Son decenas de usuarios reclamando por costos excesivos, intentando que les rebajen la deuda, señalando un error en la facturación o peleando jurídicamente porque les detectaron algún fraude.
Air-e (conformado por la Empresa de Energía de Pereira y la firma de inversión Latin American Capital Corp, del grupo de Alberto Ríos Velilla) es la prestadora del servicio de energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Afinia, de EPM, lo presta en los otros cuatro departamentos. La oficina de Air-e en Barranquilla tiene 10 ventanillas de atención al cliente y permiten el ingreso de gente desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. de forma ininterrumpida. A esa hora cierran las puertas, y continúan atendiendo a los que ya ingresaron. Suelen terminar a las siete de la noche.
Los usuarios ingresan con carpetas que tienen decenas de recibos y derechos de petición. Varios tienen la factura de color rojo, que significan que están morosos.
En la oficina espera su turno Katherine Ramos, de blusa azul y cabello negro, se está quejando porque en su casa en el barrio Los Andes le cortaron la luz en mayo, y solo se la reconectaron en octubre. Sin embargo, dice Ramos, le están cobrando los cuatro meses que no tuvo servicio.
A su lado está Mirna de Castro, de 57 años, gruesa y de piel moreno, con una carpeta verde en la que tiene varias facturas. Dice que le detectaron un supuesto fraude en su barrio La Concepción, y que por eso le están cobrando tres millones de pesos, que ella no tiene cómo pagar.
“Todas las semanas van a la casa a cortar la luz. Tengo tres meses de estar viniendo aquí, con papeles, derechos de petición. Yo les digo: yo no voy a pelear, yo se los voy a cancelar, pero yo no puedo pagar sino poco a poco. Es un abuso, no me dan alternativa de pago”, se queja Castro.
El reclamo es escuchado por otra usuaria en la silla de adelante. Ella se suma con vehemencia: “A mi casa fueron a cortar la luz injustamente, y yo les saqué machete”. Dice que en 2021 le cambiaron el contador de su casa, y desde entonces la luz pasó de 78 mil a los 290 mil pesos.
La relación entre las empresas Air-e y sus usuarios es conflictiva. El 31 de diciembre de 2022, murió el operario de Air-e, Rudy Narváez, tras ser atacado con cuchillo por un usuario al que le cortaron el servicio por error.
El año pasado, fue golpeado con un bate otro operario mientras revisaba un contador. Según cifras de Air-e, en 2023 fueron agredidos 81 operarios, 36 más que en 2022.
En estratos altos, operadores de Air-e han reportado a los morosos con megáfono en mano, como chepitos de vieja data, la empresa apela al escarnio público para cobrar carteras vencidas.
En redes sociales ya circula hasta la foto de un muñeco viejo (que se queman en año nuevo para que se vayan las malas energías) con el uniforme de Air-e.
En la Costa se consume más luz
Santiago Higuarán tiene 26 años y es ingeniero civil. Su familia está dividida en dos ciudades. Él vive con su mamá en Bogotá y su hermana y su papá viven en Barranquilla.
En Bogotá, en diciembre, pagaron 33 mil pesos en luz en estrato 3. Ese mismo mes, en Barranquilla, pagaron 460 mil pesos en estrato 4. Es decir, en un año de consumo de luz en Bogotá pagarán lo de un solo mes en Barranquilla.
Eso se debe a dos razones: en Bogotá se consume menos y el costo del kilovatio es más económico. En la Costa, ante el fuerte calor, es una necesidad usar abanico todo el tiempo y aire acondicionado los que pueden.
La nevera, uno de los electrodomésticos que más consume energía, necesita más kilovatios para enfriar en el calor. En Bogotá, los Higuarán consumieron 45 kilovatios en diciembre, y en Barranquilla 438 kilovatios.
Elverth Santos, exdiputado y ex superintendente de servicios públicos en el Caribe, está viviendo en Bogotá, donde paga 236 mil pesos de luz en estrato 6. Por su apartamento estrato 4 en Barranquilla, que está cerrado, paga 170 mil pesos en la factura de energía.
Santos se queja de que, además del consumo de energía, en la factura los barranquilleros tienen que pagar un impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad ciudadana.
Por ahora, desde el gobierno nacional Petro no han llegado soluciones a un problema histórico y que se agravó con Duque. El Pacto de Justicia Tarifaria fue un fracaso y desde la Creg no han llegado paliativos. Los costeños seguirán agarrándose la cabeza cada vez que les llegue la factura de energía o llamando al “marañero” para robar energía. Pero esa es solo la superficie de un problema que lastra el desarrollo en una región con enormes posibilidades de insertarse en la economía global.
