Ministros amenazados y un nuevo pulso en las calles. Lejos del discurso del Acuerdo Nacional de finales de año, el presidente Gustavo Petro está dando señales de un viraje profundo a su gobierno.
Hoy navega en medio de un posible revolcón ministerial y un cuerpo a cuerpo con la Fiscalía, una institución a la que señala de tener un plan orquestado para sacarlo del poder a partir de las investigaciones a la financiación de su campaña. Con las elecciones presidenciales del 2026 en la cabeza, Petro está exigiendo funcionarios con arrojo para cumplir sus promesas y un pueblo movilizado que se le plante a sus supuestos enemigos en las instituciones.
La escorada de Petro a la izquierda tiene, sin embargo, una estrategia paralela motivada por su frágil gobernabilidad en el Congreso. Las razones detrás de la salida de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), son un indicio de que Petro también busca tener a la mano una chequera flexible que le abra espacios para negociar apoyos en el Congreso a sus reformas como la de la salud.
Los 13 billones de la discordia y los espacios de negociación abiertos
Según Portafolio, el diario económico más importante del país, Petro le pidió la renuncia a González el 31 de enero, al final de un Consejo Económico, luego de grandes diferencias por el Decreto de Liquidación del 2024, el documento legal indispensable para ejecutar el Presupuesto General.
Entre ellas, la falta de proyectos de inversión que el presidente considera claves e inconsistencias en una partida de 13 billones de pesos que, según el diario, no fueron discriminados en el anexo del decreto, otro documento legal que detalla la composición de las inversiones y la plata con la que están respaldadas.
Es decir, 13 billones de pesos sin una destinación específica para gastar este año, obviando la exigencia legal de detallar cada partida. Las advertencias en contra de esto también las hicieron otros tres funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda y el DNP, quienes señalaron la inconstitucionalidad de la medida y sus riesgos para las finanzas públicas.
La reunión que desencadenó la renuncia de González, según Portafolio, contó con la presencia del ministro de Transporte, William Camargo, y de la ministra de Educación, Aurora Vergara, quienes dirigen dos de las carteras por las que Petro pretende concentrar su ejecución presupuestal y donde se concentran las inconsistencias del Decreto de Liquidación.
Son también dos sectores en los que los nuevos mandatarios locales tienen muchas necesidades de inversión del gobierno nacional y que, a la vez, son codiciados por los partidos en el Congreso, ansiosos por la burocracia que el gobierno Petro ha empezado a repartir con el objetivo de conseguir apoyo a sus reformas sociales.
Transporte es un sector tradicionalmente influenciado por el Partido Conservador, una de las colectividades con más interés de entrar al alto gobierno. El anterior ministro de la cartera, Guillermo Reyes, era conservador y cercano a aliados claves del gobierno en ese partido, como el senador antioqueño Carlos Trujillo. De hecho, como lo contó La Silla, desde diciembre existen guiños entre la bancada y altos funcionarios del gobierno ambientando una nueva coalición que impulse la aprobación de las reformas sociales, con los godos dentro del gobierno.
A los conservadores incluso les plantearon la posibilidad de ocupar el Ministerio del Deporte, cuya ministra, Astrid Rodríguez, tambalea por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y la moción de censura que se prepara en su contra. Un alto funcionario del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre, confirmó que el interés y las conversaciones con los conservadores existen.
Tener la flexibilidad de contar con 13 billones de pesos sin asignaciones específicas, o en proyectos de inversión que no cuentan con los requisitos exigidos por el DNP para su aprobación, también le da un alto grado de maniobra al gobierno en su relación con los nuevos mandatarios locales, quienes en muchos casos cuentan con fuertes vínculos con el Congreso. Uno de los principales casos es el del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien lidera una bancada de 7 congresistas aliados.
Gracias a la conexión de Amaya y sus congresistas aliados con Casa de Nariño, Boyacá fue uno de los departamentos más beneficiados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego del triunfo de Amaya en Boyacá en las elecciones regionales, Petro lo incluyó en el grupo de gobernadores aliados.
De los 50 grandes proyectos de inversión en carreteras, incluidos en el Decreto de Liquidación del 2024, Boyacá cuenta con 6 entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías. Es el tercer departamento con más proyectos viales después de Antioquia y Cundinamarca.
El gobierno Petro, además, viene mostrando su intención de aceitar sus débiles mayorías en el Congreso. Recientemente, los liberales Miguel Ángel Pinto y Fabio Amín fueron beneficiados con cuotas en la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec. Fichas del grupo político del exministro Juan Fernando Cristo, con tres senadores aliados de su partido En Marcha, así como personas cercanas a congresistas del Partido de La U, también recibieron cargos. Se trata de una estrategia del gobierno para conquistar votos al detal, congresista por congresista, pasando por encima de los partidos.
Esta es la cara no visible del gobierno. La que se ve es la de un mandatario cada vez más atrincherado.
Petro exige lealtad y arrojo
El creciente tono bronco del presidente contra su gabinete tuvo un nuevo episodio el pasado miércoles. En un tenso consejo de ministros, Petro volvió a quejarse de la falta de ejecución de su gabinete, según dos ministros que pidieron la reserva de sus nombres.
El momento de mayor tensión del consejo fue cuando la mujer de confianza del presidente, Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), les propuso a los ministros presentar su renuncia protocolaria para que Petro evaluara su desempeño, y pudiera disponer de sus cargos. La solicitud de Sarabia, según un ministro que lo supo de primera mano, “indignó” a varios miembros del gabinete, entre ellos, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien salió visiblemente molesto de la reunión.
“Varios compañeros están indignados con la actitud de Laura. Está tomando atribuciones que no le corresponden”, dice uno de los ministros consultados por La Silla, quien pidió la reserva de su nombre para evitar conflictos en el alto gobierno.
Después de la filtración del consejo, y la confirmación de la salida de González, Palacio desmintió que Petro le hubiera pedido la renuncia a todo su gabinete, algo que efectivamente no sucedió, según los dos ministros consultados. En el transcurso del jueves, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mójica, dijo que en realidad algunos ministros, por voluntad propia, pusieron sobre la mesa la posibilidad de renunciar. “El presidente no pidió renuncias, pero parece que hay algunos interesados en que se pidan. Él no ha pedido renuncias”, dijo públicamente el ministro Bonilla.
Por ahora, la principal salida ha sido la de González, del DNP, quien no hace parte del gabinete, pero por la importancia del cargo tiene un asiento en el consejo de ministros. González era uno de los funcionarios más cuestionados por el presidente. Petro lo señaló por no estar alineado con el programa de gobierno e incluso insinuó, durante el cónclave de diciembre, que sus actuaciones estaban favoreciendo el proyecto político de la exalcaldesa Claudia López, según dos altos funcionarios del gobierno presentes en esa reunión.
“Lo que dice el presidente es que el Plan de Desarrollo que se hizo en Planeación no refleja los objetivos del gobierno. En el tema educativo, por ejemplo, le dijo que lo que estaban presentando era, más bien, el programa de Claudia López”, le dijo a La Silla un alto funcionario del gobierno presente en las discusiones entre Petro y González, quien pidió la reserva de su nombre. “Nosotros no estamos para financiar subsidios a la demanda. Eso es Ser Pilo Paga”. La esposa de González, Edna Bonilla, era la secretaria de Educación de López.
La paradoja es que el Plan de Desarrollo, liderado por González, fue aprobado con los insumos del resto de ministerios y luego de 54 diálogos regionales vinculantes, un gran esfuerzo participativo para que las organizaciones sociales aportaran sus ideas, incluso en lugares apartados como el Catatumbo, Norte de Santander. Según cifras oficiales, 250 mil personas asistieron a estos encuentros que pavimentaron la presentación final del PND, hoy puesto en duda por el presidente.
El refugio en la izquierda
Las razones de la salida de González aumentan la probabilidad de que Petro, confirmando la tendencia que marcó en su alcaldía de Bogotá y en los últimos dos remezones de ministros, opte por personas que cuestionen menos el corazón ideológico de su gobierno y sean más atrevidas en el cumplimiento de su programa, incluso tensando los límites de la ley. Por lo menos tres cambios en altos cargos dan pistas de que Petro se va refugiar más en los suyos.
El más importante puede ser la llegada de Juan Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio, como director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en reemplazo de Gerardo Vega. La hoja de vida de Harman fue publicada en la página de Aspirante Presidencia, un paso previo para confirmarse.
Harman es un político de izquierda, quien en 2019 resultó elegido por una coalición de partidos de izquierda respaldada por grandes figuras nacionales, como el exsenador Jorge Robledo y el mismo Petro. Como lo contó La Silla, la llegada de Harman a la dirección de la ANT puede ser la antesala al nombramiento de Vega, el director saliente, como ministro de Agricultura, sacrificando a la ministra Mojica, quien también ha sido criticada públicamente por el presidente.
De confirmarse el nombramiento, Harman estaría al frente de una institución clave para la reforma rural que impulsa el presidente y que este año está repotenciada con 4,9 billones de pesos de presupuesto de inversión, cuatro veces más de lo que tenía en 2023 (0,9 billones).
Los otros dos altos nombramientos que se han confirmado son de personas ciento por ciento jugadas por Petro.
Uno es la de la exdirectora del DPS, Cielo Rusinque, como Superintendente de Industria y Comercio, una institución clave para el mundo empresarial. Durante su posesión, el presidente le dijo que su misión es “defender a los pequeños y medianos empresarios y a los consumidores de Colombia”.
El otro es el del político bumangués Carlos Toledo como director de Colombia Compra Eficiente, la agencia de contratación pública. Toledo es de la entraña del petrismo en Santander, el departamento del director del Dapre, Carlos Ramón González, la sombra del presidente y uno de sus principales puentes con los partidos políticos.
“El presidente no es una persona que esté en contacto personal con sus funcionarios de manera permanente. Contesta el chat y se siente muy cómodo en reuniones de 10 o 15 personas expertas que puedan abordar un tema hasta el fondo. Tiene una visión muy ambiciosa y se molesta cuando siente que no están trabajando para hacerla realidad”, dice el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, quien fue su secretario de Educación en Bogotá, siendo uno de los pocos funcionarios que permanecieron en su inestable gabinete distrital.
De continuar esta tendencia en una probable tercera crisis de gabinete, Petro optaría por convertir a la Casa de Nariño en un fuerte de izquierda, sin mayores contrapesos políticos e ideológicos, mientras afuera vuelve a acudir a las calles y utiliza un presupuesto histórico y flexible para sacar adelante sus resistidas reformas en el Congreso.
