En medio de los rumores de un tercer revolcón ministerial, el presidente Gustavo Petro habló de una “ruptura institucional”. Petro responsabilizó a la Fiscalía de llevarla a cabo y de estar fraguando un plan, liderado por el saliente fiscal general, Francisco Barbosa, para sacarlo del poder.
La Silla revisó los cuatro grandes argumentos del presidente para afirmar que Colombia está a punto de entrar en una grave crisis constitucional. En dos de ellos, Petro menciona las investigaciones por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. En los otros dos, señala a la Fiscalía de estar controlada por las “mafias” y promueve la teoría de un “golpe blando” en el que la prensa es uno de los promotores.
Estos son los trinos, el contexto y la realidad de los argumentos del presidente:
1. La investigación por la financiación de Fecode a la campaña Petro
El trino de Petro: “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda”.
Contexto:
El presidente cuestionó la investigación que adelanta la Fiscalía por la donación de 500 millones de pesos que Fecode, el principal sindicato de profesores del país, le hizo a la Colombia Humana con el objetivo de financiar su campaña presidencial. Esta plata no aparece en las cuentas de la campaña y, de comprobarse que efectivamente entró, se habrían volado los topes de financiación, algo con implicaciones penales para el gerente de la campaña.
Petro admite que ese dinero llegó a su partido, pero dice que la donación no se hizo para pagar gastos de campaña sino para financiar la posterior operación de testigos electorales para vigilar los votos. Con esto, el presidente intenta argumentar que los 500 millones no debían reportarse en las cuentas porque el conteo de votos es posterior a la campaña. Es la misma razón con la Dagoberto Quiroga, representante legal de la Colombia Humana, defendió la donación.
“Los testigos electorales (…) actúan es para vigilar democráticamente el conteo de votos ya depositados”, escribió en otro trino el presidente.
Petro asegura que el siguiente paso de la Fiscalía es judicializar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Quiroga, actual superintendente de servicios públicos.
Roa fue el gerente de la campaña de Petro. De hecho, como lo contó La Silla, directivos de Fecode en el momento de la donación, como el extesorero Nelsón Alarcón, confirmaron que la donación fue acordada con Roa. Luego de la judicialización a Roa y a Quiroga, dice Petro, “…la Fiscalía pedirá mi juicio político”.
El 22 de enero, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ordenaron una inspección judicial a las oficinas de Fecode en Bogotá en medio de la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro. La noticia fue inmediatamente rechazada por el presidente, quien en ese momento se encontraba despachando desde el Litoral Pacífico, y desde donde dijo que estaban buscando caminos para sacarlo de la presidencia.
La solidaridad de Petro con Fecode está siendo correspondida. Para el jueves 8 de febrero, el sindicato está convocando una movilización para rechazar lo que consideran una persecución en su contra. Lo hacen justo el día en el que está programada una nueva plenaria en la Corte para elegir fiscal, un nombramiento por el que el gobierno y sus aliados están presionando al alto tribunal.
Realidad:
Existen evidencias de que la donación de Fecode llegó a la campaña Petro y de que fue utilizada para sus gastos. Esta investigación responde a una denuncia periodística hecha por La Silla Vacía y profundizada por El Tiempo. En el reporte contable que la Colombia Humana le entregó al CNE se dice que la plata no solo llegó para funcionamiento del partido, sino también para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro. El extesorero de Fecode, Alarcón, le aseguró a La Silla Vacía, en agosto del año pasado, que los 500 millones donados por la organización tenían como fin apoyar gastos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
En el pasado, partidos han recogido plata de empresas para financiar la campaña presidencial como un atajo a la ley que lo prohíbe, como lo mostró El Espectador este fin de semana.
En 2018, el Consejo Nacional Electoral archivó una investigación contra la campaña de Iván Duque por la donación de tres empresas al Centro Democrático con el objetivo explícito de apoyar su candidatura.
Paradójicamente, el único magistrado que salvó el voto fue Luis Guillermo Pérez, nombrado por Petro recientemente como nuevo superintendente de Subsidio Familiar. Él dejó plasmado en su salvamento que “la voluntad inequívoca de los donantes de que el dinero fuera a parar en la campaña no era un mero indicio, sino una ‘plena prueba de la financiación irregular de la campaña’”.
En todo caso, que lo hayan hecho impunemente otros en el pasado, no significa que investigarlo equivalga a una persecución o a tumbarlo.
Roa en efecto puede responder penalmente por la donación de Fecode. De avanzar las investigaciones de la Fiscalía, el entonces gerente de la campaña de Petro y ahora presidente de Ecopetrol puede estar respondiendo penalmente por ocultar información en los reportes y superar el límite de financiación, actos tipificados.
En todo caso, la Fiscalía sólo imputa. Luego estará en manos de un juez de la República, independiente de la Fiscalía de Barbosa, sopesar las pruebas y decidir si es culpable o inocente. Y aún si es condenado, Roa tendría el derecho a apelar a un tribunal colegiado que podría ratificar o tumbar la condena.
Si la Fiscalía imputa a Roa por violar los topes de la campaña y ocultar información, eso no sería suficiente para tumbar al presidente. Aunque las pruebas que recopile en contra del gerente de su campaña puedan servir de evidencia para denunciar al presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es este organismo político y con mayoría de cercanos al presidente Petro quienes decidirán si le abren una investigación al presidente y si esta avanza.
2. El retraso en la elección de una nueva fiscal
El trino de Petro: “El simple hecho de presentar una terna de mujeres decentes al cargo de fiscal general de la nación ha ocasionado un terremoto político que ha hecho pensar a algunos, muy poderosos, en un golpe de estado”.
Contexto:
El 2 de agosto, Petro presentó su terna de candidatas para Fiscal General, que es inédita por varias razones, comenzando porque está compuesta por tres mujeres, porque no es una terna de una y porque las tres son independientes del presidente.
Pero también porque la presentó siete meses antes de que terminara el período de Francisco Barbosa, cuando la tradición es hacerlo con tres meses de anticipación para darle suficiente tiempo a la Corte para evaluar la terna pero también para no dejar al fiscal en ejercicio como lo que llaman los gringos un “lame duck” sin ningún poder.
El mismo Petro había dicho en una entrevista en RCN en mayo que ya tenía los nombres de las personas que incluiría en la terna pero que los diría solo hasta diciembre. Sin embargo, un hecho precipitó los tiempos del presidente: el día anterior a enviar la terna, su hijo Nicolás Petro anunció que colaboraría con la Fiscalía en el proceso penal que adelanta en su contra por lavado de activos. Ese mismo día, la ex esposa de Nicolás y quien destapó el escándalo, Day Vásquez, había dicho que parte de la plata de los polémicos financiadores había entrado a la campaña presidencial.
La presentación de la terna no solo distrajo momentáneamente el foco en el escándalo del hijo sino que envió un mensaje: que el presidente no temía que “lo esculcaran” pues las ternadas han sido fiscales independientes y además ofreció que un fiscal ad hoc diferente a ellas investigara a su hijo.
En todo caso, una investigación a su hijo y, especialmente, al gerente de su campaña bajo un fiscal nominado por el gobierno tendría mejores garantías, así fuera independiente la Fiscal.
Realidad
La Corte avocó el estudio de la terna el 7 de noviembre y fijó un cronograma que definía el 7 de diciembre como la fecha para iniciar la votación de la fiscal. En esa sesión ninguna de las candidatas tuvo mayorías. Y la Corte entró en vacancia judicial. El 23 de enero tuvo la segunda ronda y no hubo humo blanco y este jueves se dará la tercera ronda.
Como demostró esta recopilación de La Silla, la elección del fiscal suele necesitar varias rondas en la Corte. Por lo cual, si bien lo ideal es que en la Fiscalía no haya interinidad, que no hayan elegido fiscal todavía no es anormal como para propiciar teorías conspirativas.
Es cierto que también es tradición que fiscales generales nombren recomendados de magistrados en la Fiscalía. No es raro que como suele haber ternas de uno, ese preferido del presidente ofrezca a los togados puestos en la institución y que eso mejore sus chances de ser elegido por la corte.
Como lo dijo Héctor Riveros en su columna, al parecer el Fiscal Barbosa ha dicho a magistrados y periodistas que él le ha pedido a los magistrados que demoren el nombramiento de su reemplazo hasta que la Fiscalía enrute la investigación contra Nicolás Petro.
Pero concluir que el fiscal general puede manipular a la mayoría de magistrados faltando dos semanas para dejar su puesto es avezado, pues —en este punto— cualquier magistrado es más poderoso que Barbosa. Máxime cuando el liderazgo de Barbosa depende enteramente de su cargo y no de su persona.
Se podría decir que Barbosa puede doblegar a quien será su reemplazo en una eventual interinidad, la vicefiscal Martha Mancera. Pero incluso eso es debatible. Mancera lleva en la Fiscalía General desde el día de su creación, hace más de 20 años. Es una fiscal de carrera y si bien hoy puede obedecer a Barbosa, a partir del 13 su vida laboral no dependerá de él. Si algo, Barbosa dependió de Mancera para manejar la Fiscalía.
Y Mancera, en todo caso, no podría —sin violar la ley— meterse en los casos de Nicolás Petro y de la financiación de la campaña. También pueden trasladar a un fiscal que podría fallar en un caso contrario a su voluntad o pedir un comité técnico jurídico para supervisar el caso. Hasta ahora no ha sucedido. Es obvio que un fiscal general puede pasar el mensaje al encargado del caso que proceda en una dirección, pero se arriesga a ser denunciada por prevaricato.
3. La Fiscalía está tomada por las “mafias”
El trino de Petro: “…desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”.
Contexto:
El presidente se refiere, sobre todo, a las investigaciones periodísticas sobre la vicefiscal Mancera frente a un presunto encubrimiento a un miembro del CTI señalado de narcotráfico.
Según la información de la Revista Raya y el periodista Daniel Coronell, agentes del CTI denunciaron públicamente una supuesta persecución por parte de la vicefiscal Mancera por haber informado sobre los nexos con el narcotráfico que tiene el director del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias “Pacho”. Los funcionarios aseguraron que le entregaron a la vicefiscal las pruebas contra Martínez, pero que esta no dio la orden de investigar el caso.
La Revista Raya reveló que, en efecto, a la Fiscalía llegó un informe oficial sobre las actividades delictivas de alias “Pacho”, el director del CTI de Buenaventura. El informe fue conocido por Victor Forero, jefe de la Policía Judicial y pareja de Luisa Obando, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial y mano derecha de Mancera.
Petro, paralelo a sus trinos sobre una supuesta “ruptura institucional”, ha estado retrinando las investigaciones de Coronell y de la Revista Raya, cuyo director, Edinson Bolaños, estuvo en un programa de Señal Colombia dirigido por Hollman Morris, subgerente de Rtvc y aliado incondicional del presidente, explicando los resultados de la investigación de su medio. “Este periodismo desnuda la realidad del poder político colombiano”, trinó Petro compartiendo la investigación de Raya.
El señalamiento de que la Fiscalía está tomada por las “mafias” viene desde la jornada de Petro en el Litoral Pacífico. Desde Tumaco, Petro dijo que “en Colombia se está discutiendo si se saca al presidente” luego de referirse a la vicefiscal Mancera. Sostuvo que en su continuidad se estaba definiendo si las instituciones se “entregan o no a las mafias”.
Realidad:
La vicefiscal Mancera ha sido investigada por supuestos beneficios a narcotraficantes y presunta corrupción judicial en Cali. Sin embargo, las dos investigaciones han sido archivadas a su favor. El 26 de enero, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación vinculada a la estructura criminal liderada por alias “Pacho”, en Buenaventura. Y en diciembre del año pasado, otro fiscal ante la Corte cerró el caso que la vinculaba con favorecer a funcionarios, investigados por corrupción, en la seccional de Cali de la Fiscalía. En ninguno de los dos casos se encontraron testimonios ni elementos concluyentes para continuar con los procesos.
El presidente no ha mostrado ninguna evidencia que indique que más allá de esta investigación periodística alrededor de Mancera, haya sectores corruptos o criminales de lesa humanidad buscando su salida.
Y en todo caso, la Fiscalía no puede investigar al presidente. Por disposición constitucional, los presidentes en Colombia no pueden ser juzgados ni perseguidos por la justicia ordinaria. Se requiere una acusación de la Cámara de Representantes y un posterior juicio, de carácter político, por parte del Senado, algo que ningún presidente ha tenido en esta instancia bajo la Constitución del 91.
Sin embargo, una denuncia impulsada por un fiscal general contra un presidente en ejercicio, ante la Comisión de Acusaciones, tiene más chances de avanzar. Fue lo que sucedió durante el Proceso 8.000, en la presidencia de Ernesto Samper, cuando el entonces fiscal, Alfonso Valdivieso, llevó personalmente el caso ante la Cámara.
4. Está en marcha un “golpe” similar al que han sufrido otros presidentes de izquierda
El trino de Petro: “Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Contexto:
El presidente ha comparado su conflicto con la Fiscalía con las crisis institucionales que han protagonizado otros mandatarios progresistas en la región. Entre ellas, los problemas que tuvo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para posesionarse en su país luego de que la oposición intentara, a través del Congreso, torpedearla. De hecho, Petro viajó a la posesión y se quedó en el país centroamericano hasta que Arévalo asumió oficialmente su cargo.
Petro también defendió en su momento al depuesto presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, quien salió de la presidencia luego de que intentara, sin éxito, dar un autogolpe de Estado ordenando el cierre del Congreso. El presidente pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), contrariando el pronunciamiento de la Cidh que reconoció la reacción de las instituciones peruanas al fallido autogolpe de Castillo.
En la andanada de trinos sobre la “ruptura institucional”, Petro retuiteó un hilo de la fallecida senadora Piedad Córdoba, en el que sostuvo que contra el presidente se estaba preparando un “golpe blando” impulsado por “campañas de desinformación”. “
Dentro de los actores de ese “golpe”, Petro mencionó a “la prensa de oposición” que lanza “grandes campañas desinformativas” para pavimentar las investigaciones en su contra. No es la primera vez que el presidente ha enfilado baterías en contra de la prensa crítica. De hecho, su discurso y el de sus ministros en contra de la Revista Semana fue el preámbulo de una incursión a la fuerza de una comunidad indígena simpatizante del gobierno en las instalaciones de la revista.
El gobierno Petro también ha financiado conferencistas internacionales, vinculados con regímenes autoritarios, como el ilustrador chavista Kael Abello, para promover su teoría sobre el “golpe blando”. Lo ha hecho frente a los dueños de medios comunitarios, que ha querido alinear para hacerle contrapeso a los grandes medios de comunicación críticos de su gobierno.
Realidad
Ninguna rama del poder público está amenazando la continuidad de Petro. A Petro lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el caso de su hijo, Nicolás, y la plata que presuntamente llegó a su campaña a través de él. En diciembre esa comisión abrió indagación, una etapa muy preliminar que ni siquiera vincula al presidente. Aún no ha citado a nadie y es poco probable que con lo que se sabe hoy el caso avance mucho. De los 18 representantes que la integran, 9 son de gobierno, 6 independientes y 3 de oposición.
No existen evidencias de que la prensa esté detrás de un “golpe blando”. La única información sobre movimientos para desestabilizar al presidente fue, en realidad, un informe de inteligencia que perfila a opositores como golpistas.
La estrategia, según reveló Noticias Uno con base en informes de inteligencia policial, incluye campañas publicitarias y movilizaciones para presionar acciones judiciales contra el presidente. Sin embargo, de la información de la Dirección de Inteligencia de la Policía parecería que se están perfilando a personas que organizan marchas antigobierno como una amenaza a la democracia, algo que Petro prometió no hacer.
