A la controvertida presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol le cayó un nuevo sablazo. Los resultados de la consultoría de Control Risks, sobre los riesgos que tienen para la empresa petrolera de las investigaciones penales, disciplinarias y posibles conflictos de interés de su líder y su pareja, Julián Caicedo Cano.
La Silla tuvo acceso al documento completo de 60 páginas, que todavía no se ha publicado, pero del cual se han ido conociendo algunas partes en medios como La W, El Tiempo y Caracol Radio. “En todos los escenarios analizados por Control Risk, Ecopetrol se enfrenta a una pluralidad de riesgos de nivel ALTO y MUY ALTO (sic)”, afirma el documento reservado de 60 páginas.
La consultoría británica especializada en evaluación de riesgos, que tiene más de 45 años de experiencia en Colombia, recopila información pública sobre las controversias que persiguen a Roa, pero también va más allá y hace sus propios análisis con los cuales termina definiendo cinco escenarios de riesgo para la petrolera. Van desde las consecuencias penales para Roa en Colombia, hasta posibles investigaciones del Departamento de Justicia contra su pareja.
El informe fue pedido por la anterior Junta Directiva, en medio de un clima tenso entre esos miembros y su presidente, especialmente Saúl Kattan y Juan José Echavarría, que estuvieron detrás de la decisión de contratar esa evaluación. Pero será la nueva junta recién elegida, en la que Roa tiene una mayoría de miembros aliados, la que tendrá que decidir qué hace con esos resultados.
Estos son tres conclusiones principales que anticipa el informe de Control Risks:
1. El riesgo de que Ecopetrol tenga un presidente investigado penalmente
Inicialmente, Control Risks mapeó 41 potenciales eventos de riesgo que pueden ocurrir, que incluyen la cobertura negativa de Roa en medios nacionales y la crítica persistente por parte de partidos de oposición. También habla de posibles investigaciones penales en Estados Unidos contra Caicedo, la pareja de Roa, por las empresas que tiene registrada en ese país, e investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría y penales de la Fiscalía General contra Ricardo Roa.
También contempla unos posibles eventos de riesgo comerciales, como nuevas posibles rebajas en la calificación de créditos por parte de agencias calificadoras o la rebaja en la calificación de gobernanza o los títulos de mercado de la empresa. Incluso, posibles sanciones regulatorias por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) contra Ricardo Roa y su Junta Directiva.
En suma, dice que los riesgos de las investigaciones y cuestionamientos contra Roa pueden tener afectaciones reputacionales, de gobernanza, operacionales, comerciales y regulatorias. A partir de esos riesgos, el documento de Control Risks esboza cinco escenarios a futuro que pueden venir para la compañía. Estos son escenarios hipotéticos y no obligan a los miembros de la Junta a tomar una decisión particular.
El escenario donde todo se mantiene como está, es decir, que no se producen nuevos desarrollos relevantes en el marco de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, apenas se contempla como uno que durará por 2 o 3 meses. Pero lo que considera más probable, pasado ese tiempo, es que se dé una imputación de cargos contra Roa y que se le abra una investigación penal por parte de la Fiscalía por su rol como gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro.
Para los autores del informe, los casos recientes de algunos precedentes, como la condena del exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por tráfico de influencias y falsedad en documento público, así como la imputación de cargos al gerente de campaña de Óscar Iván Zuluaga relacionados con la entrada de financiamiento ilícito refuerzan la probabilidad de ese escenario.
El documento plantea que con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, una potencial imputación de cargos penales contra Roa “es probable”, aunque la estima para la segunda mitad de 2024 o inicios de 2025. La apertura de una investigación penal en su contra abriría un frente de defensa adicional que Roa tendría que atender paralelamente a las investigaciones que ya tiene en el Consejo Nacional Electoral y en la Procuraduría por sus funciones en la campaña. Esto desviaría aún más su tiempo y disponibilidad para asumir el liderazgo corporativo de la empresa.
2. El riesgo de otras investigaciones por conflictos de interés de Roa y su pareja, en Colombia y Estados Unidos
Pero más allá de las investigaciones por su rol como gerente de la campaña de Petro, que son las que hoy lo persiguen, el documento también considera altamente probable que a Roa le abran investigaciones por su rol y gestión como presidente de la petrolera, cargo que asumió desde abril de 2023.
En concreto, se plantean posibles investigaciones alrededor de la posible influencia de Roa en relación con contratos o vinculaciones laborales con entidades del Estado. Una de ellas estaría relacionada con Juan Alfonso Latorre Uriza, quien fue director del Instituto Nacional de Vías (Invías) de diciembre de 2022 a mayo de 2023, y cuya designación se habría dado por recomendación de Roa, según reveló La Silla Vacía en junio de 2023. La pareja sentimental de Ricardo Roa, Julián Caicedo, fue nombrado como asesor en la Dirección General del Invías durante la dirección de Latorre.
El documento también hace referencia a que Caicedo aparece vinculado al empresario Santiago Vargas, que donó $650 millones a la Colombia Humana a través de una empresa que no refleja la salida del dinero, como reveló otra investigación de La Silla. Varias fuentes afirman que Vargas fue el vehículo para que contratistas hicieran una vaca para aportar a la campaña del petrismo. Otra empresa de Vargas pagaba la seguridad social de Caicedo.
Carlos Emilio Vargas, hermano de Santiago Vargas, firmó un contrato con el Invías en abril de 2023, justo en el periodo en el que Julián Caicedo tenía activo un contrato con dicha entidad, donde no fue visto trabajando.
Pero también lo podrían involucrar en esa investigación los potenciales conflictos de interés del presidente de Ecopetrol con decisiones que involucran a la empresa. Ahí entraría a ser investigada la compra que hizo Roa de un apartamento en Bogotá a Serafino Iacono, el empresario petrolero cuyas empresas han tenido negocios con Ecopetrol al menos desde 2008. El valor de la compra se considera que fue sustancialmente más bajo que el valor de mercado de ese inmueble.
Iacono es dueño de la compañía Blue Pacific Asset Corporation, a la que pertenece Genser Power S.A.S. Julián Caicedo fungió como gerente de compras de esta última entre 2020 y 2022, como reveló Daniel Coronell.
Para la evaluadora de riesgos, solo estas pistas ya representan material suficiente para que la Procuraduría o la Fiscalía abran investigaciones preliminares contra Roa por conflictos de interés no revelados. A este escenario le pone un plazo de 3 a 12 meses, mientras surgen nuevos hallazgos de esos procesos y de reportes de prensa.
A estas posibles investigaciones en Colombia se suman las que podría tener en Estados Unidos, que podría abrir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Roa, y las posibles sanciones derivadas de esas investigaciones. Al cotizar en la bolsa de Nueva York, Ecopetrol está sujeta a la supervisión de esta Comisión, que puede poner sanciones a individuos o empresas.
Los autores del documento afirman que los individuos que infringen las disposiciones de la bolsa de Nueva York sobre prácticas corruptas pueden recibir multas de hasta 100 mil dólares y hasta cinco años de cárcel. Dicen que consideran creíble este escenario. “Si bien no hay evidencia que indique que Ecopetrol ha estado involucrada en actos de corrupción o soborno, consideramos que los datos sí podrían generar interés de las autoridades de la SEC”, dicen.
3. El riesgo de una presidencia interina en Ecopetrol
Otro de los escenarios que plantea el documento consiste en que el actual presidente de Ecopetrol deje su cargo de forma temporal, bien sea por su renuncia voluntaria, destitución, suspensión disciplinaria o inhabilitación en el marco de una investigación formal.
Esto podría pasar porque la Procuraduría podría imponer sanciones disciplinarias en su contra que incluirían la destitución o la suspensión entre 1 y 12 meses del cargo. Pero el documento también concluye que se trata de un “escenario poco probable”, al menos desde lo que puede hacer el gobierno nacional, pues el presidente Petro le ha dado un respaldo total a Roa en ese cargo, y no pedirá su salida directamente para entregarle su cabeza a la oposición.
Igualmente, “todavía falta evidencia contundente que lleve a una sanción fuerte por parte de la Procuraduría”. Sin embargo, el documento también dice que la revelación de nueva información pública sobre irregularidades en el rol de Ricardo Roa en la empresa podría cambiar la probabilidad de ese escenario.
¿Qué va a pasar en la nueva Junta Directiva con el informe?
Este no fue un tema de consideración del informe, pero es ahí donde tendrá sus consecuencias más inmediatas. El informe fue pedido por la anterior Junta Directiva, en medio de un clima tenso entre esos miembros y su presidente, especialmente Saúl Kattan y Juan José Echavarría, que estuvieron detrás de la decisión de contratar esa evaluación.
El primer efecto del informe de riesgo es precisamente sobre cómo lo van a interpretar y qué van a hacer con él los recién elegidos miembros de la junta de Ecopetrol, dado que este es de carácter consultivo y no los obliga a hacer ninguna acción en particular.
Para una persona que conoce el sector de la evaluación de riesgos a fondo, pero que pidió reserva para no comprometer su rol, la junta actual puede engavetar el informe si quiere o incluso contratar una nueva consulta para tener dos consultas con resultados diferentes.
“Aunque un informe de estos está alrededor del costo de los 100 mil dólares, para una empresa como Ecopetrol, que lista en bolsa, es una inversión importante y podría contratar otro”, dice.
Uno de los nuevos integrantes de la Junta le dijo a la Silla Vacía que desconocen el informe y sus conclusiones. Dice que solamente podrían tener un primer panorama sobre este desde hoy, que tendrá una primera reunión de inducción la junta entrante, pero cuestionó que el informe ya se conozca por medios de comunicación: “cuando estas auditorias se presentan hay artículos que nos obligan a que el debate primero en la junta, por lo que rompieron en código de ética y buen gobierno quienes lo filtraron”, dice uno de sus nuevos miembros.
Por ahora, sin saber las conclusiones del documento, no hay visos de que los nuevos miembros vayan a tomar alguna medida concreta sobre esos escenarios que plantea el informe de riesgo y que le auguran, en los próximos meses, un camino pedregoso a Ricardo Roa. Un camino en el que él gana poder en la junta de la empresa, pero lo pierde en la narrativa más amplia sobre su conveniencia en ella.
