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Editorial

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El gobernador de Baja California y el Campestre de Tijuana.

El gobernador de BC, Jaime Bonilla decreta la expropiación del Campestre de Tijuana

Expropiación

Fernando de Buen

En días pasados, el periódico oficial del estado de Baja California publicó un decreto que expropia el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana, uno de los clubes de golf con mayor historia y prestigio en tierras mexicanas. La razón: una declaratoria de utilidad pública para convertir el campo de golf y sus terrenos aledaños, poco más de 500 mil m2, en áreas verdes, deportivas y de esparcimiento. En su exposición de motivos, el decreto menciona que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, los mexicanos tenemos derecho «a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica de un deporte, así como al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia y el ejercicio de sus derechos culturales».

Aquí solo veo un problema: aquello que quiere construir el Gobierno de Bonilla ya existe; el Campestre ha sido siempre uno de los más importantes pulmones de la ciudad fronteriza, donde se pueden practicar el deporte y la cultura física, así como el resto de las especificaciones que el proyecto señala. Lógicamente, solo tienen acceso los socios e invitados del Club, pero, después de todo, es el legal ejercicio de la propiedad privada y son ellos quienes pagan el mantenimiento de este toral espacio ecológico.

Ahora bien, ¿cuál parece ser la verdadera razón detrás de esta burda decisión? No es otra cosa que un paso extremo como corolario de una rencilla personal entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien ha presidido al Club en tres administraciones diferentes, sumando un total de 11 años. En 2019, ambos aspiraban a la candidatura por Morena para el gobierno del estado, pero, por su cercanía, el presidente López Obrador se decidió por su amigo Bonilla, dejándole a González la presidencia municipal.

A partir de ese momento, ambos dirigentes han ampliado su distanciamiento, llegando a acusaciones graves, como la de Bonilla culpando a González de un asesinato y de desvío de dinero; esta última provino —según el propio exalcalde— del entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, prueba irrefutable de que ante el Gobierno, Bonilla tiene las de ganar sobre González.

La primera amenaza concreta sobre la expropiación como parte de esta rencilla, llegó en diciembre de 2020 y semanas después, en un video transmitido el 25 de enero, Bonilla giró instrucciones a su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para que analizara la forma de proceder con la extradición.

El 13 de abril se cumplió la amenaza y se publicó el citado decreto en edición especial, solo nueve días después del inicio de las campañas políticas. ¿Coincidencia? En absoluto, es solo una muestra más de lo que son capaces dos miembros del mismo partido matándose con fuego amigo.

Por supuesto, los socios del Campestre, probablemente la sociedad más poderosa de Tijuana en términos de poder económico e influencia, no se quedarían cruzados de brazos ante la osadía del polémico gobernador con frustrados ánimos reeleccionistas y, apenas unas horas después de la publicación del decreto en ciernes, apareció un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de la capital, que suspendió cualquier «orden de las autoridades estatales que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble».

En la investigación de este asunto a través de internet, me encontré con una declaración de Sergio Bravo Gilbert, doctor en derecho constitucional, quien afirmó al diario 24 Horas que la expropiación del predio sería inconstitucional, ya que vulnera el derecho humano a una propiedad privada. Mencionó también que este principio está plasmado en los artículos 27 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la creación de parques no es un supuesto previsto en el artículo 6 de la Ley de Expropiación de la entidad (cita).

¿A dónde quiere llegar el gobernador con todo esto? Es obvio que un proceso de expropiación no es algo que se pueda resolver en días o semanas y, que cuando se resuelva a favor de los actuales propietarios (no se ve otra opción dentro del marco de la legalidad, según expertos en el tema), ya habrán pasado las elecciones y tenido el efecto deseado para que el pueblo (en la acepción desarrollada por el padre de la cuatroté) vote por su partido. El Campestre continuará con su gloriosa historia que data de 1950 y Bonilla habrá conseguido un gran número de votos entre aquellos a quienes les basta la esperanza para sentirse mejor alimentados. Populismo de alto nivel, pues.

La Federación Mexicana de Golf (FMG) ya publicó un comunicado acerca de esta situación. Menciona la organización, entre otras cosas, que está en total desacuerdo con la declaratoria publicada, ya que atenta flagrantemente contra el derecho a la propiedad privada; que el Campestre de Tijuana da servicio a ciudadanos y aporta múltiples beneficios a la zona, como lo son la derrama económica, la creación de empleos y las obvias aportaciones al medio ambiente. Asimismo, la FMG confía en una resolución apegada a derecho y no a «consignas o caprichos de nadie». Finaliza manifestando su total respaldo al Campestre de Tijuana y sus socios, comprometiéndose a estar al pendiente de que en los procedimientos prevalezca el Estado de derecho.

En conclusión, tal parece que la costumbre que emana de Palacio Nacional de tomar decisiones al margen de la ley y ponerlas en práctica, mientras ralentiza la acción del Poder Judicial para que este las inhabilite, se está haciendo costumbre entre los gobiernos provenientes de su mismo partido. México está cayendo en una paradójica anarquía, donde la ausencia del Estado de derecho se promueve desde el Estado mismo.

Con la excepción del deprimente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —cuyos magistrados son una vergüenza y el peor enemigo activo de nuestra democracia—, sigo confiando en que una mayoría de juzgadores continúan siendo fieles a nuestra Constitución y actúan en consecuencia. Espero que en el caso que nos ocupa mantengan esa convicción.

Al tiempo.

fdebuen@par7.mx

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